Hay inconsistencias en las declaraciones que le dio el exdirector a la Fiscalía y a la Corte Suprema sobre Karen Manrique, lo que la llevó a demandarlo
Karen Manrique, la administradora de empresas araucana que llegó a la Cámara de Representantes por vía de las Curules Transitorias Especiales de Paz, fue una de las nueve congresistas que estuvieron en la lista que le pasó la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia hace dos meses pidiendo que iniciara una investigación puesto que estaba en el grupo de parlamentarios que habrían sido beneficiados con contratos direccionados hacia sus regiones. En su caso particular, Saravena, Arauca.
El propio López ha sido el encargado de terminar de salpicar a la araucana, a quien ha mencionado en sus interrogatorios tanto ante la Fiscalía como ante la Corte Suprema. Según el exfuncionario, Manrique fue quien cuadró el tema del direccionamiento de los contratos para sus homólogos y habría sido ella la encargada de escribir en una libreta toda la información relacionada congresistas y sus respectivas regiones. Sin embargo, el otro gran protagonista del caso, Sneyder Pinilla, le dijo a la Fiscalía que la letra era suya cuando le mostraron la página en la que presuntamente había escrito la representante. Además, en una audiencia posterior López dudó sobre el origen de lo que estaba escrito en la libreta.
Esta inconsistencia llevó a correr al abogado de Manrique, Andrés Garzón, un duro penalista que ha estado metido en muchos casos y que ha defendido, entre otros, al exministro del Interior, Alfonso Prada y al general imputado por falsos positivos en la JEP, Mario Montoya. Garzón demandó a López por falso testimonio y fraude procesal, ante lo cual, la defensa del paisa liderada por José Moreno aseguró que va a pedir una prueba grafológica para confirmar de quién es la letra.
¿Qué sigue en el caso de la UNGRD?
Este 31 de agosto están citados Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, el señalado contratista estrella de la UNGRD, para la segunda parte de la audiencia de medida de aseguramiento que comenzó el pasado 25 de julio. Originalmente, la audiencia estaba programada para el 7 de agosto, pero se tomó la decisión de aplazarla ante la gran cantidad de archivos que presentó la Fiscalía para sustentar su petición de que sean enviados a una guarnición militar.
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