La Defensora del Pueblo, Iris María Ortiz, pidió este lunes a las autoridades locales, departamentales y nacionales a intensificar las acciones para enfrentar la actual temporada de sequías, que ha generado 16 incendios forestales en Huila, Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Cundinamarca.
La funcionaria subrayó la urgencia de tomar medidas preventivas para proteger las comunidades y sus ecosistemas frente a este fenómeno climático.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), el fenómeno de El Niño, declarado el 3 de noviembre de 2023, se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2024, incrementando el riesgo de incendios forestales en áreas de bosques, cultivos y pastos.
Este fenómeno ha sido identificado como una de las principales causas del aumento en la frecuencia y magnitud de estos incendios.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que actualmente hay incendios activos en Tolima (8), Huila (4), Cauca (2) y Valle del Cauca (1), mientras que se han controlado incendios en Huila (2), Tolima (1) y Cundinamarca (1).
El reciente incendio en Huila tuvo un impacto significativo, afectando una reserva natural y cuatro acueductos municipales.
Ortiz enfatizó que es esencial una coordinación efectiva entre las instituciones para manejar la ola de sequía y calor.
«La planificación, el conocimiento de nuestros territorios y la coordinación intersectorial son fundamentales para la prevención y atención de estos eventos. Es deber del Estado garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas», manifestó.
Desde la Defensoría del Pueblo se recomendó una serie de medidas clave, incluyendo el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, la actualización de las estrategias de respuesta a emergencias en los entes territoriales y la consolidación de las instancias para la gestión del riesgo.
Además, la entidad instó a revisar y actualizar los planes de emergencia, incluyendo protocolos para la atención de animales en situaciones de crisis, conforme a la Ley 2294 de 2023.
Según Ortiz, la situación actual, que ha devastado más de 6.400 hectáreas en septiembre, resalta la necesidad de una acción rápida y eficaz por parte de todos los niveles de gobierno.
La Defensora del Pueblo hizo un llamado urgente a todos los organismos responsables de la gestión del riesgo de desastres para no desfallecer y mantener su compromiso con la protección de las comunidades afectadas.
/Colprensa
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