Johana Rocha ha apoyado a las comunidades contra las mineras y ahora como cabeza del sector debe interactuar con multinacionales a las que siempre ha enfrentado
La cercanía de la abogada de la universidad Externado y especializada en derechos humanos de la misma universidad, con el senador Cepeda viene de años atrás 2006, cuando se conocieron por cuenta del acompañamiento jurídico que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo – Cajar le ha prestado desde hace al menos una década al senador Cepeda. Kelly Johanna Rocha entró a trabajar al Colectivo José Alvear Restrepo como auxiliar jurídica, luego ascendió como consultora e investigadoras, a donde regresó en 2008 después de un corto paso por Tribunal administrativo de Cundinamarca, donde se desempeñó como oficial mayor.
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Pero realmente su contacto con la lucha de las comunidades por los atropellos a sus tierras por la minería convencional lo tuvo en el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna que ayudó a conformarlo y en el que trabajó durante casi siete años. Esta ONG apoyó a las comunidades afros, indígenas y sindicatos del Cesar y Magdalena en la tutela que ganaron que ordenó a Prodeco y Anla garantizar la participación efectiva en el diseño del plan de cierre de las obligaciones ambientales y sociales de las minas Calenturitas y La Jagua tras ser impactados durante 25 años por la minería de carbón.
Su aproximación al tema de minería ha sido más desde la lucha de las comunidades afectadas por la explotación minera y fue nombrada inicialmente por la ministra Irene Vélez como directora de formalización minera. Llegó al cargo por la ruta del senador Iván Cepeda quien desde el Polo Democrático apoyó la conformación del Pacto Histórico, muy activo en la campaña presidencial de Gustavo Petro sigue siendo uno de sus grandes aliados en el Congreso. Rocha formó parte de su Unidad Legislativa de Cepeda durante los dos últimos años del período 2018-2022.
El Ministro Andrés Camacho la nombró en propiedad como viceministra de minería, a sabiendas de que es una de las áreas más complejas y polémicas del sector donde el punto de vista comunitario es limitado frente las políticas públicas que hay que implementar que requieren de una interacción permanente con el sector privado nacional e internacional que tiene presencia desde hace décadas en Colombia.
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