El pasado político del conservador Fernando Sanclemente, el dueño de la narcofinca que pasó a la SAE

Ocupó cargos con Pastrana y Uribe e incluso en la Alcaldía de Petro, Duque lo nombró embajador pero un laboratorio de coca en un predio suyo lo sepultó

La finca de Fernando Sanclemente, CCCC, ya está en manos en la Sociedad de Activos Especiales porque en esta fue encontrado una laboratorio de coca cuando el político conservador se desempeñaba como embajador en Uruguay de donde tuvo que regresar de rapidez. Y con ello empezó su caída.

Fernando Sanclemente Álzate, nieto del dirigente conservador de la primera mitad del siglo XX, Gilberto Álzate Avendaño e hijo del exconcejal de Bogotá, exdiputado de la Asamblea de Cundinamarca y excongresista conservador Fernando Sanclemente Molina, supo abrirse un espacio en la política colombiana y tener juego en varios gobiernos, siendo una ficha clave dentro del sector del transporte. Pastrana lo nombró como superintendente de Puertos y Transporte, luego Uribe le encomendó ser el director de la Aeronáutica Civil y Petro lo llevó a la Alcaldía en Bogotá con el cargo de gerente de Transmilenio. Ya con esa trayectoria encima, Duque lo nombró embajador en Uruguay y de allí regresó a enfrentar la justicia por el laboratorio encontrado en un predios que formaban parte de la finca Haras de San Fernando en Guasca en el municipio de Guasca, Cundinamarca.

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Ya pasaron más de cuatro años desde que la Policía descubrió un gran laboratorio de cocaína en ese predio. Su salida del cargo no tardó, así como tampoco lo hizo el comienzo del proceso de extinción de dominio y una investigación en su contra por el presunto delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, puesto que un empleado lo acusó de haber ordenado destruir computadores, memorias y demás en los que al parecer había información que lo vinculaba con la droga. Este proceso aún no ha llegado a su fin.

Lo que sí llegó a su fin fue el dilema sobre qué se debe hacer con la finca. Tuvieron que pasar cuatro años para que un juez tomara una decisión definitiva sobre el destino de ese predio que, como se esperaba, le fue entregado al Estado y pasará a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad a cargo del economista Daniel Rojas Medellín quien además se desempeña como Ministro de educación.

Ahora le corresponde a la SAE evaluar el uso que se le va a dar a esa finca y uno de las posibles decisiones que pueden tomar es la de venderla al mejor postor, tal como hicieron con Lagos de Altamira, predio que en su momento le perteneció a un testaferro del Cártel del Norte del Valle y que ahora está ofertando la Central de Inversiones S. A. (CISA). Cabe recordar que la ‘narcofinca’ fue avaluada en su momento por $150.000 millones.