Nuestros empresarios y la paz

La gigantesca mayoría de los empresarios colombianos aportan mucho y desean contribuir a la paz y al desarrollo territorial del país. Para que esas contribuciones sean tan valiosas como pueden serlo y logren todo lo que soñamos y necesitamos, bien vale la pena articularlas.

Un primer nivel de esa gestión tiene que ver con los aspectos de Filantropía y Responsabilidad Social de las empresas. En ese ámbito se precisa: (i) No ser una isla, para lograr ser parte con las planeaciones y focalización en las poblaciones. Cada aporte debe alinearse con las formas de planeación ya previstas por las comunidades, en lugar de llegar a crear nuevas o imponerlas. Es importante recordar que estas ya existen para todas las poblaciones con las que se desea trabajar: Víctimas, con sus peticiones de reparación colectiva; La Reincorporación en la Hoja de Ruta; Sustitución de cultivos de coca y sus necesidades de comercialización; los PDET y las 33 mil necesidades que ya expusieron los pobladores; Género y Etnias en los indicadores del Plan Marco de Implementación. (ii) No ser Eva o Adán, de modo que el proceso no se reinicie cada vez. Es crucial responder a las iniciativas ya identificadas y partir de esas necesidades que las comunidades han expresado en procesos participativos y con líderes visibles. (iii) Integración y no provisión: el sector privado debe llegar a los territorios para ser parte de ellos y no como un “extraterrestre” que trae “cosas”. Esto implica lo necesario para ser parte de lo social y no un proveedor externo. (iv) Rechazar la “danza de los chalecos” y el manejo del ego: es muy perjudicial que cada quien solo se identifique a sí mismo sin hacer explícito que forma parte de la planeación comunitaria, buscando una visibilidad aislada. Así se logran resultados, pero se refuerza el sentimiento de abandono que incrementa la desconfianza.

Un segundo nivel es lo Político. Los congresistas, presidentes, gobernadores, alcaldes y demás se deben a las expectativas de sus electores. En esa lógica, si pretendemos que actúen en favor de las comunidades de víctimas, de personas en proceso de reincorporación, de las familias en sustitución de cultivos y de quienes viven en los municipios PDET, es preciso que cada empresario y todos sus gremios y organizaciones compartan y exijan como una reivindicación propia una visión común sobre la relevancia estratégica de estabilizar los territorios y, para ello, exigir en un esfuerzo de largo aliento.

En tercer lugar, necesitamos que trabajar con nuestras comunidades de víctimas, reincorporación, familias en sustitución de coca o en los territorios PDET sea buen negocio. Para ello es fundamental aportar y demandar las mejoras regulatorias necesarias, apoyando la labor de los gobiernos nacional, departamental y municipales. Es evidente que (i) Deben existir condiciones regulatorias particulares que se adecuen a los territorios y eliminar o compensar los costos de transacción para que las empresas puedan llegar a los municipios PDET. (ii) Régimen Especial de Tributación: los cambios a la norma deben hacer más visibles los beneficios en las zonas, de manera que se evite la evasión y se garanticen controles a la generación de empleo e inversión; (iii) Beneficios por esfuerzos conjuntos que promuevan el desarrollo: esta nueva medida busca fomentar las transferencias de tecnología y los esfuerzos conjuntos de varias empresas con el objetivo de hacer viables los PDET; (iv) Obras por Impuestos, que habilita que, en lugar de pagar a la Dian todo el impuesto de renta, una parte se invierta en las iniciativas que las comunidades ya señalaron como sus prioridades, y una variante en (v) Obras por regalías, así como otras formas de (vi) contraprestaciones derivadas de las consultas previas y la inversión social obligatoria.

Obviamente, nada se compara con “ir allá”, entendiendo que la mejor inversión para el sector privado es que no haya violencia. Esto debería ser más que suficiente para que los empresarios consideren seriamente la importancia que conlleva establecer su actividad económica —de cualquier forma— en alguna de las zonas PDET y trabajar con víctimas, reincorporados y familias en proceso de sustituir coca.