Julio César Ortiz, el peso pesado que defiende al vapuleado cónsul de Colombia en México

Julio César Ortiz, exitoso apoderado del Presidente, fue contratado por Andrés Hernández y ya logró sostener su nombramiento que estuvo tambaleando

Hace una década, fue Julio Cesar Ortiz el encargado de diseñar la estrategia jurídica con la que Gustavo Petro se defendió tras la decisión del entonces procurador Alejandro Ordoñez de suspenderlo de su cargo como Alcalde de Bogotá. Defensa que terminó siendo exitosa y que marcó un precedente histórico, puesto que a día de hoy sigue generando debates sobre la competencia de la Procuraduría frente a los funcionarios elegidos por voto popular. A partir de allí, el abogado Externadista pasó a gozar de toda la confianza del hoy Presidente, representándolo en diversos espacios como la diligencia a la que tuvo que asistir en la Audiencia Nacional española contra Hugo ‘el Pollo’ Carvajal.

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Pero, esa confianza no solo le ha permitido ser el apoderado del propio Petro, sino también de funcionarios cercanos a él y a los que el Presidente quiere tener bien representados. Un ejemplo de ello es el actual cónsul de Colombia en Ciudad de México Andrés Hernández Ramírez, quien ha tenido que lidiar con problemas legales durante los dos años que lleva en el cargo diplomático, estando Ortiz presente en todos ellos. 

Ortiz, quien presidió durante un año de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, estudió las demandas que recibió Hernández que alegaban que no era una persona idónea para el cargo y fue quien no permitió que fuera removido cuando el Consejo de Estado anuló su nombramiento. De hecho, él mismo le respondió personalmente al presidente del alto tribunal, Milton Chaves, cuando este criticó que no se hubiera acatado la sentencia y que, por el contrario, se haya decidido desde la Cancillería volverlo a nombrar.

Ahora, es el Externadista el que tiene que asegurarse de que Hernández salga bien librado de todas las acusaciones que le están lloviendo por supuesta misoginia, acoso laboral y, especialmente, una supuesta estafa a una funcionaria, asunto que a su parecer corresponde a la vida privada del cónsul y no puede ser objeto del escarnio público.