El representante Wadith Manzur está en manos de la Corte Suprema por el caso de corrupción en la Ungrd y su papá Julio, acusado de parapolítica, está en la JEP
El joven representante a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, es el último de la dinastía política conservadora que mantuvo viva su papá Julio, quien terminó investigado por parapolítica.
Repitió Cámara en el 2022 después de llegar en 2018 y logró ser elegido presidente de la Comisión de Acusaciones, cargo desde el que habrían logrado prebendas del gobierno que hoy lo tienen investigado en la Core Suprema de Justicia, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Forma parte del grupo de seis parlamentarios, quienes se habrían visto beneficiados con asignaciones de contratos de parte de la entidad por vía del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En 2018, a sus escasos 32 años, el ingeniero industrial consiguió una curul en la Cámara, lo que marcaba el inicio de una prometedora carrera legislativa en la que seguía los pasos de su papá Julio Manzur y de otros parientes vinculados a la política cordobesa. Entonces consiguió más de 70 mil votos, en gran medida gracias al apoyo de la senadora Nora García y de su clan familiar, lo que le valió para llegar a representar al Partido Conservador en Córdoba, el departamento en el que nació y creció y en el que su apellido ha estado presente en la política local y nacional.
Su primer paso por la corporación fue discreto, pero no tardó en llegarle su momento de gloria cuando, en 2023, durante su segundo periodo, fue elegido de forma unánime como el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el organismo que tiene en sus manos la investigación sobre la presunta violación de los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro, una gran responsabilidad que incluso lo llevó a recibir a una horda enfurecida a las afueras de su casa en Montería que le pedía mano firme contra el Presidente.
Una familia con enredos con la justicia
Wadith Manzur no es el primer miembro de la familia que termina con la lupa de la Corte encima. Su papá Julio Manzur Abdalá, quien fuera el gran cacique conservador de Córdoba, terminó involucrado en el escándalo de la parapolítica viéndose forzado en 2009 a renunciar a su curul de 30 años en el Congreso de la República.
El apoyo que habría logrado del Bloque Norte de las Autodefensas para llegar al Congreso en las elecciones del 2002 y también para atajar la llegada de Juan Manuel López Cabrales a la Gobernación del departamento le costó ser acusado por la Corte como ocurrió también con su colega parlamentaria Zulema Jattin.
Manzur fue detenido en el 2015 por orden de la Corte, investigado por el delito de concierto para delinquir, pero fue dejado en libertad al poco tiempo. Sin embargo el parlamentario pidió ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que lo acogió en el 2020 bajo el compromiso de aportar toda la verdad sobre las reuniones que mantuvo con el grupo criminal, las cuales habrían sido lideradas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. La propia JEP lo expulsó en 2022 por no aportar información relevante, pero fue aceptado nuevamente un año después.
Aunque por razones completamente distintas a las de su hijo Wadith Manzur ha empezado a recorrer el mismo camino con la justicia y está bajo la lupa de la Corte Suprema que busca que explique los beneficios que pudo obtener del gobierno a través del Ministro de Hacienda para entregar su voto favorable a iniciativas gubernamentales.
¿Quiénes son los otros congresistas investigados?
En los expedientes de la Corte Suprema a Manzur lo acompañan otra cordobesa como la senadora conservadora Liliana Bitar, así como el senador liberal pereirano Juan Pablo Gallo, el representante liberal paisa Julián Peinado, la araucana representante de las curules de paz, aunque cercana a los liberales, Karen Manrique y el metense verde, Juan Diego Muñoz.
Ellos, como miembros de las Comisiones Terceras encargadas del crédito público habrían avalado operaciones propuestas por el Ministerio de Hacienda a cambio de ser beneficiados con asignaciones de contratos de la Ungrd que fueron a parar a proyectos en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Por esto, serán citados a rendir indagatoria para que esclarezcan los hechos. Asimismo, se conoció que al senador de la U Julio Elías Chagüi, también cordobés, lo investigarán por hechos diferentes a los mencionados.
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