El cuestionado contratista firmó un principio de oportunidad, aceptó pagar 5 mil millones, 6 años de cárcel y está listo para hablar después de 3 años
El cuestionado contratista Emilio Tapia se alista para prender el ventilador en el caso Centro Poblados después de que aceptara haber participado en el entramado de corrupción con la pérdida de 70 mil millones de pesos del ministerio de las TIC que irían destinados a llevar conexión de internet a niños de zonas rurales. Tapia que se hizo conocido en el 2007 por su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá, firmó un preacuerdo y recibirá una condena de seis años y tres meses, adicional tendrá que pagar una multa de 5 mil millones de pesos, de la que ya pagó 2.500 millones de pesos y además ofreció sus propiedades ubicados en Ibagué y Medellín.
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En el 2022 cuando desató el escándalo de Centros Poblados, a pesar de sus reuniones con la Fiscalía para negociar un principio de oportunidad, Emilio Tapia declinó de cualquier colaboración con la justicia para identificar a los responsables y ubicar el dinero. Dos años después, Tapia cambió de decisión y se declara culpable de tres delitos: peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público. En 2022 empezó pagando su condena en La Picota de Bogotá, pero luego logró que lo trasladaran a la cárcel El Bosque, en Barranquilla luego de lograr a su favor un fallo de tutela que interpuso su esposa, Natalia Morales, alegando que se estaba vulnerando los derechos a la unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana.
Los tentáculos de Emilio Tapia llegan a Cali
Después de su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá, Tapia se metió en el Carrusel de contratos de EMCALI, siendo el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fue el puente entre el entonces gerente Juan Diego Flórez el puente con el contratista cordobés. La fiscal Andrea Muñoz encontró dos contratos con EMCALI en los que Tapia estaría detrás: uno de ellos con el Consorcio Clarificación Puerto Mallarino por $3.800 millones y otro con el Consorcio Renovación Puerto Mallarino por $2.417 millones, que tiene como representante legal a Herles Rodrigo Ariza Becerra, cercano a Emilio Tapia.
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