En un mundo donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que 970 millones de personas padecen trastornos mentales, la crisis de salud mental no solo es una preocupación médica, sino un desafío para la estabilidad de las naciones. Colombia, un país marcado por la violencia, la desigualdad y la falta de recursos, enfrenta una emergencia que, según Juan Manuel Galán, debe ser declarada un asunto de seguridad nacional.
La pandemia de covid-19 dejó en evidencia la fragilidad del sistema de salud mental. Los casos de ansiedad y depresión, que ya eran alarmantes, se dispararon, mientras el aislamiento social, el desempleo y la incertidumbre exacerbaban una crisis latente. En Colombia, las cifras son devastadoras: en los dos primeros meses de 2024, se registraron 4.467 muertes violentas, muchas de ellas vinculadas a trastornos mentales. Las tasas de suicidio, especialmente entre los jóvenes, aumentaron un 37 % en 2023, y la violencia contra los niños y mujeres sigue escalando.
Galán destaca que declarar esta crisis como una prioridad de seguridad nacional permitiría movilizar recursos, coordinar esfuerzos y garantizar acciones urgentes para proteger a la población. Otros países han demostrado que es posible enfrentar esta problemática con estrategias eficaces. En Australia, el programa Headspace ha mejorado la atención temprana en jóvenes. En el Reino Unido, el modelo de IAPT ha incrementado el acceso a terapias comunitarias, mientras que en España, integrar la salud mental a la atención primaria ha demostrado ser un enfoque exitoso.
Sin embargo, en Colombia, los recursos siguen siendo insuficientes. Con solo 1.500 psiquiatras y 10.000 psicólogos, la mayoría concentrados en grandes ciudades, las zonas rurales enfrentan una ausencia casi total de servicios. Esta precariedad, sumada al estigma y la discriminación hacia quienes padecen trastornos mentales, agrava la situación. Además, el aumento del consumo de drogas, especialmente en jóvenes, se convierte en un factor que amplifica la crisis.
Más allá de las cifras, las repercusiones sociales son alarmantes. Las familias enfrentan sufrimiento, aislamiento y desesperanza, mientras la violencia doméstica, el abuso infantil y la discriminación erosionan el tejido social. Esta realidad no solo afecta el bienestar de las personas, sino también la estabilidad política y económica del país. La OMS estima que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía global un billón de dólares al año en pérdida de productividad, una carga insostenible para economías emergentes como la colombiana.
Para Galán, la solución pasa por priorizar la prevención, la intervención temprana y el tratamiento adecuado. Esto implica fortalecer el sistema de salud pública, capacitar a más profesionales y garantizar el acceso a servicios en todo el territorio nacional. Además, aprender de experiencias internacionales y adaptarlas al contexto local es clave para construir una política pública sostenible y efectiva.
Colombia no puede seguir ignorando la crisis de salud mental. Si se entiende como una amenaza a la seguridad nacional, se podrán tomar medidas concretas para mitigar sus efectos. Es momento de actuar con determinación, porque la salud mental no es solo un tema de bienestar individual, sino un pilar para el futuro y la estabilidad de la nación.
