La Contraloría de Bogotá le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $ 5.300 millones a Aníbal Fernández, quien tiene un cargo en la petrolera canadiense Geopark
Por presunto detrimento patrimonial, que supera los $5.300 millones, el exsecretario de Seguridad de Claudia López, Aníbal Fernández de Soto, tendrá que responder por los 10 contratos que se firmaron durante su gestión en la Secretaría por cerca de $6.000 millones para el mantenimiento de las cámaras de video y vigilancia que hay en la ciudad.
Según la Contraloría de Bogotá, entre 2021 y 2023, siendo Secretario de Seguridad el señor Fernández de Soto, se firmaron los 10 contratos por $108.000 millones para realizar el mantenimiento de las cámaras para su buen funcionamiento y ayudar a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Fernández de Soto es abogado de los Andes, es muy cercano al expresidente Juan Manuel Santos y toda su vida ha estado vinculado al sector público
Viene de una familia conservadora en la que se destaca su padre, Aníbal Fernández de Soto Valderrama, quien fue alcalde de Bogotá en la década de los 70 designado por el expresidente Misael Pastrana. Además, es sobrino de Guillermo Fernández de Soto, muy cercano al expresidente Andrés Pastrana, quien se desempeñó como viceministro de relaciones exteriores en el Gobierno del expresidente Belisario Betancourt.
En 2007 fue candidato al Concejo de Bogotá por el Partido Conservador y no logró la curul. Posteriormente hizo parte del directorio nacional y distrital del partido, estuvo en el Gobierno de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Ambiente como coordinador del sistema nacional ambiental y se encargó de las reformas de las CAR, de allí pasó al Ministerio del Interior con el exministro Federico Rengifo en el cargo de Viceministro de la Participación.
También estuvo en el Ministerio de Agricultura con Rubén Lizarralde y terminado el gobierno Santos llegó a Ecopetrol como vicepresidente de Desarrollo Sostenible, después de lo cual se daría su aterrizaje oficial a la Alcaldía de Claudia López en enero de 2020, específicamente a la Secretaria de Seguridad en la que luego fue nombrado director ante la salida de Hugo Acero.
Cabe anotar que el 28 de septiembre de 2022 ya la Contraloría de Bogotá le había llamado la atención a Fernández de Soto por 719 Cámaras de video vigilancia pertenecientes al centro de comando y control de comunicaciones y computo C4 de la Secretaria de Seguridad, las cuales se encontraban fuera de servicio y entre las fallas estaba el mantenimiento correctivo.
En la investigación que realizó el organismo de control se encontró que hubo fallas en los pagos del mantenimiento correctivo que se hizo basados en diagnósticos fallidos, es decir que la entidad pago dos veces por el mismo servicio de mantenimiento a cámaras que no estaban funcionando, se encontraban fuera de servicio y hubo mala ejecución del contrato.
Ahora, la Contraloría que tiene a la cabeza a Julián Mauricio Ruiz, también encontró irregularidades en la interventoría y supervisión de los contratos para el mantenimiento de las cerca de 6 mil cámaras de video vigilancia, lo que llevó a que el 45% de los equipos estuvieran fuera de servicio y no fueran un apoyo para Policía metropolitana al momento de garantizar la seguridad de la ciudad, principalmente en los lugares de alta concurrencia de personas.
Todos los hallazgos de esta investigación, fueron entregados a la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la contraloría de Bogotá, para que se abra un proceso en contra de los funcionarios responsables del detrimento al patrimonio en busca de recuperar los recursos públicos.
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