Un guardián de la cárcel se convirtió en informante de la Fiscalía y está contando como los mismos custodios son quienes surten de drogas a los internos
En el corazón de la cárcel La Picota, una de las más emblemáticas de Colombia, se gestaba una red de corrupción que operaba con la precisión de una organización criminal. La reciente confesión de un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha sacado a la luz las entrañas de este ilícito, revelando cómo algunos funcionarios, junto con sus familiares, habían montado su propia «olla» de estupefacientes y otros negocios ilegales dentro del penal.
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Según el testimonio del guardián, que ahora colabora con la Fiscalía, varios funcionarios del Inpec controlaban el tráfico de drogas y la entrada de licor al penal. Así lo publicó la revista Semana, que en conoció la declaraciones del guardián ante la Fiscalía. Para ello, habían acondicionado dos casas ubicadas detrás de la cárcel, en la zona conocida como La Guayana, donde almacenaban grandes cantidades de estupefacientes y bebidas alcohólicas. Estas sustancias eran ingresadas al penal en horas de la madrugada, lanzándolas en bolas compactas por encima del muro perimetral, para que otros guardias las recogieran y distribuyeran entre los internos.
Pero el negocio no se limitaba al tráfico de drogas y licor. La red también cobraba por traslados de internos a otros pabellones o cárceles, vendía fueros sindicales y permitía el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos, todo a cambio de jugosas sumas de dinero. Los familiares de los guardias, principalmente sus esposas, jugaban un papel clave en la recepción y manejo de estos pagos, consolidando así una estructura familiar al servicio de la corrupción.
La investigación de la Fiscalía, apoyada en la declaración del guardián y en videos de seguridad del Pabellón de Alta Seguridad (PAS) de La Picota, permitió la captura de 12 personas, entre ellas varios funcionarios del Inpec y sus cónyuges. Sin embargo, en una reciente audiencia, una juez de control de garantías ordenó su liberación, argumentando que la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de una medida de aseguramiento y señalando inconsistencias en la interpretación de los delitos imputados.
Este escándalo ha puesto en evidencia las profundas fallas en el sistema penitenciario colombiano y ha desatado un debate sobre las actuaciones judiciales y la interpretación de las normas en casos de corrupción. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación, y uno de los guardianes capturados ha manifestado su intención de colaborar como testigo, lo que podría aportar información crucial para desmantelar por completo esta red criminal que operaba con total impunidad en el interior de La Picota.
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