Aunque se presentaron 12 empresas para reparar las aeronaves que están paralizadas en Tolemaida, al parecer están favoreciendo una que no cumple requisitos
En tela de juicio está el Ministerio de Defensa por la adjudicación de un contrato de 154 mil millones de pesos para reparar 17 helicópteros MI-17 de fabricación rusa del Ejército Nacional, que están inactivos en la base militar de Tolemaida debido a la falta de mantenimiento adecuado. Todo empezó cuando entre abril y mayo de 2024, más de una decena de empresas nacionales e internacionales fueron hasta la base de Tolemaida con el fin de evaluar técnicamente las aeronaves y presentar así sus propuestas para el mantenimiento.
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Las visitas fueron lideradas por el viceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez, y el director de Logística, Mario Andrés García Camón, dice el portal Halcones y Palomas. Sin embargo, hasta finales de noviembre, las empresas no habían recibido información sobre el estado del proceso de contratación. Todas cuestionaron el silencio y las inquietudes sobre la transparencia del mismo empezaron a aparecer. Y había razones.
En octubre, personal técnico del Ejército fue enviado a las instalaciones de la empresa MI-Series Personnel & Parts LLC en Miami, Florida, representada por Carlos Martín Uribe y su socio James L. Montgomerie, con el fin de evaluar sus capacidades para la firma del millonario contrato.
La inspección reveló que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para realizar el mantenimiento de los helicópteros MI-17. A pesar de ello, el gerente de MI-Series solicitó a la Aeronáutica Civil una ampliación de sus capacidades, la cual fue aprobada rápidamente el 20 de noviembre, sin evidencias de mejoras significativas.
Además, una carta del representante de NHC Mil & Kamov, único fabricante autorizado de los MI-17, advirtió que MI-Series no cuenta con la autorización de los diseñadores ni los conocimientos técnicos para trabajar en estas aeronaves. Este documento ha sido clave en las investigaciones iniciadas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, que busca esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación del contrato. La situación ha generado controversia y ha puesto en duda la transparencia del proceso de contratación, mientras se espera que el Ministerio de Defensa ofrezca explicaciones claras y tome las medidas correctivas necesarias para garantizar la adecuada reparación y mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17.
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