No es ciertamente una necedad insistir en el tratamiento de las prioridades nacionales, que son soluciones a los problemas acumulados, no tomados en cuenta o vistos a medias, o erráticamente interpretados. Son males colectivos que asedian a la comunidad, las adversidades desbordadas y sostenidas por la indiferencia de quienes tienen poder para buscarles salidas adecuadas.
La superación de las condiciones negativas que afectan la existencia de la mayoría de los colombianos debe ser un propósito generalizado. Como ya se ha planteado.
Una prioridad en el manejo de la nación es la autoridad con que deben enaltecer sus funciones los servidores públicos. Esa autoridad está llamada a tener expresión en la transparencia de sus actos, articulados a la legalidad y la ética. Preservar una conducta de honradez es evitar los entramados de la corrupción y garantizar la destinación acertada de los recursos oficiales.
Es prioridad la construcción de la paz a profundidad, con la desmovilización de todos los grupos armados, surtidores de violencias y proclives a las diversas formas de la criminalidad. Lo cual debe llevar a los cambios que se requieran para sustraer la política de las prácticas viciadas que han degradado su ejercicio. La paz contra el sectarismo que muchas veces induce a la barbarie.
En Colombia también se debe tomar en cuenta la brecha de la desigualdad predominante. La sociedad clasista se ha convertido en parte de la identidad nacional y esto ha resquebrajado la convivencia y acentuado la negación de derechos fundamentales. Y se estimulan los prejuicios discriminatorios para abrirle paso a la intolerancia y a la estigmatización del pensamiento libre.
Es prioritario buscar acuerdos que hagan posible el trámite en el Congreso de los cambios que está requiriendo el país. Cambios que no sean paños de agua tibia ni paliativos superficiales. Se trata de superar las carencias que representan atraso y le restan dinámica a la democracia.
La reforma agraria no es una expropiación como lo pintan portavoces del feudalismo. Es la restitución de las tierras despojadas a los campesinos a sangre y fuego. Si se alcanza esa meta se beneficia la nación con un crecimiento efectivo de la economía, basada en la producción sostenible de alimentos. Es sacar de la pobreza a un sector amplio de la población.
Las prioridades son muchas más, claro está. Son la salud, la educación, la seguridad social, la protección del medio ambiente, la provisión de servicios que mejoren la calidad de vida de la población.
Colombia no puede seguir resignada a los meros alivios a tantas necesidades insatisfechas. Los que más tienen no pueden continuar aferrados a la negativa de las soluciones por tanto tiempo esperadas.
El país no se empobrece mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Por el contrario, se hace más libre, consolida su estabilidad y se cura de los vaivenes de la inseguridad que proviene de los factores que generan vulnerabilidad.
Corrida ya una cuarta parte del siglo XXI hay que pensar en la nueva Colombia, con predominio de la democracia y superación de los males que la acosan. Es tomar en cuenta las prioridades por atender y activar las acciones requeridas.
*Analista
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