Un informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que la elección de Nicolás Maduro no goza de “legitimidad democrática”, al denunciar las acciones irregulares que hizo el régimen con el propósito de perpetuarse en el poder.
Esa fue la principal conclusión a la que llegó este órgano internacional al presentar su balance sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral en Venezuela.
“Concluye que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional”, reveló el informe que agregó que la “opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos registradas” impiden una legalidad democrática.
El informe de la CIDH analizó a Venezuela en el marco de las elecciones en tres etapas: la estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía.
Señaló que inicialmente “el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, sumado a la detención arbitraria de personas opositoras.
Agregó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban el supuesto triunfo de Nicolás Maduro.
“La oposición recolectó el 83,5% de las actas a nivel nacional. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección”, aseguró.
Agregó que el régimen de Maduro aumentó su represión de manera que unas 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque, sumado a que «la «Operación Tun Tun» resultó en al menos 25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos”.
Estas violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado “son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad”, advirtió el informe de la CIDH.
Ante este panorama, el órgano internacional hizo un llamado a Venezuela para poner fin a la persecución política y la represión, así como restablecer el orden constitucional, a publicar todas las actas de votación y a permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional.
Reclamó, además, de la comunidad internacional que se reconozca “la grave crisis de derechos humanos» y pidió «mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país”.
/COLPRENSA
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