La historia sobre la obra inconclusa de la Calle 100 con Carrera 7.ª en Bogotá tiene un nuevo capítulo. La Superintendencia Financiera, bajo las órdenes de César Ferrari, le exigió a Itaú Fiduciaria S. A. pagar $ 3.821 millones de pesos por su desatención al Pedregal, proyecto urbanístico en construcción, hoy abandonado y convertido en uno de los grandes elefantes blancos del país, que tiene más de medio billón de pesos perdidos.
Esa sanción de la Superfinanciera es consecuencia de la demanda instaurada por Jonatan Carranza Vidal, gerente y representante legal de la firma Seaweed International Business contra Itaú Fiduciaria a través de la firma Tellus Abogados y Consultores.
En entrevistas a medios, Jonatan Carranza Vidal ha dicho que es sobrino del fallecido líder esmeraldero de Boyacá, Víctor Carranza y en documentos públicos aparece ocupando el cuarto renglón en la Junta Directiva de Esmeraldas Santa Rosa. Adicionalmente, es el representante legal y gerente de Esmeraldas Banco Negro, empresa dedicada a la extracción de esmeraldas, un oficio que aprendió en la familia.
Seaweed International Business, empresa administrada por Carranza Vidal, compró y pagó $ 2.466 millones al Fideicomiso de Administración Inmobiliaria América Centro de Negocios por el área de las oficinas 711 y 712 en una de las torres del proyecto.
Ante la incertidumbre generada por el poco avance de Pedregal, cerca de 30 inversionistas decidieron llamar a la puerta de las autoridades y Seaweed International Business demandó a la sociedad Itaú Asset Management Colombia S. A. Sociedad Fiduciaria por incumplimiento del contrato de fiducia.
En respuesta a la demanda, la Superintendencia Financiera profirió una sentencia en primera instancia en contra de la mencionada Sociedad Fiduciaria el pasado 30 de septiembre de 2024 y ordenó pagarle a la empresa de esmeraldas gerenciada por Carranza Vidal, los $ 3.821 millones. Esta decisión de primera instancia fue apelada por Itaú Fiduciaria y está pendiente la decisión de la instancia judicial correspondiente. Uno de los argumentos de la Fiduciaria en su defensa es que:
«(…) La función principal de la Fiduciaria es administrar los bienes transferidos de acuerdo con lo establecido en el contrato de fiducia y las instrucciones impartidas por los fideicomitentes del proyecto inmobiliario. En ese sentido, no tiene a su cargo la financiación, el desarrollo o la construcción del proyecto».
La historia de la fallida renovación urbana en la 100 con 7.ª de Bogotá
El comienzo del proyecto de construcción se remonta a 2014, durante la alcaldía de Gustavo Petro y en ese momento, la apuesta era lograr levantar un mega centro comercial, un centro de negocios, dos torres, una zona de parqueaderos, restaurantes y oficinas.
Para desarrollar el proyecto, se encargó a la constructora Aldea Proyectos S. A. S., firma reconocida en la época, gerenciada por Nelson Julián Bonilla Nieto y posteriormente, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) se comprometió a aportar los predios a esa iniciativa de renovación urbana.
La Cremil, dirigida en aquel entonces por el general ( R ), Edgar Ceballos Mendoza, cedió unos lotes que tenía en ese exclusivo sector de la ciudad, avaluados en $ 577.813 millones, a Aldea Proyectos S. A. S. a cambio del derecho a usar 16.819 mt2 de oficinas de la Torre 2 y recibir las utilidades generadas por 289 parqueaderos, que debían materializarse tras la renovación.
En 2019, todo parecía estar en orden. Para septiembre de ese año, estaba programada la inauguración de la primera Torre, los avances del proyecto Pedregal, en general, estaban en 40 %, empezó a ser conocido como América Centro de Negocios, pero todo era una ilusión.
No solo Cremil tenía intereses en la ejecución del proyecto de renovación, junto a Seaweed International Business y Esmeraldas Santa Rosa S. A. S., hay otros inversionistas como Barragán e hijos y CIA SAS; BBVA Asset Management Advisory S.A.S; Mery Silenia Sistiva Vargas; VYS Comercial S.A.S; María Olga Sandoval de Buriticá; Calos Mauricio Luna Fizziola; Luis Antonio Luna Torres; Víctor Adán Luna Torres; Fabián Leonardo Luna Fizziola; Ruiz Lucena S. A. S.; Tejidos Londres S. A. S.; Patmi S. A. S., entre otros.
Los costosos y frustrantes retrasos en el proyecto Pedregal
Con la llegada de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá, el avance se estancó en ese 40 %. A partir de ese punto, ningún obrero volvió a verse en el lugar. Según la constructora Aldea Proyectos S. A. S, no continuarían con la ejecución de la obra por los posibles cambios derivados de la licitación de Transmilenio por la Séptima. En consecuencia, el Pedregal fue abandonado. Otros rumores apuntaron a que la razón para suspender la construcción fue la falta de chequera de la empresa y no los planes de Alcaldía.
Con Claudia López en la Alcaldía, llegó una demanda contra el Distrito por más de $ 500 mil millones. La causa fue el anunciado Corredor Verde. Según Aldea Proyectos, si el Distrito realizaba el Corredor, había un cambio arbitrario e injustificado en las reglas de juego acordadas inicialmente.
En este escenario, las partes se sentaron a negociar. Año y medio después, se canceló el puente de la Calle 100 con Carrera 7.ª y se llegó a un nuevo arreglo. Incluso, se habló de inaugurar, por lo menos, el centro comercial en 2025.
En todo este periodo, solo se acumuló polvo en el sitio. Las construcciones se mantuvieron sin doliente y con la admisión de Aldea Proyectos S. A. S. a un proceso de reorganización empresarial, la culminación de la renovación de la zona de la 100 con 7.ª parece una fantasía.
La constructora Aldea está bajo la Ley de Insolvencia Empresarial o Ley 1116 de 2006
El 26 de junio de 2024, la Superintendencia de Sociedades, liderada por Billy Escobar Pérez, decidió admitir en proceso de reorganización a la sociedad Aldea Proyectos por encontrarse en una situación crítica y en cesación de pagos.
Por otro lado, con corte a 30 de abril de 2024, el Patrimonio Autónomo acreditó activos por $1.579.918.244.000, pasivos por $726.480.819.000, con patrimonio positivo e inexistencia de pasivos laborales pendientes.
Con Aldea Proyectos S. A. S. en reorganización, inversionistas descontentos, obras inconclusas, incertidumbre generalizada y un gran elefante blanco a la vista de todos los bogotanos, tras la demanda de Seaweed International Business, llegó la sentencia de la Superintendencia Financiera.
El fallo de la Superfinanciera que golpeó a los brasileños de Itaú Fiduciaria S. A.
La Superfinanciera, en cabeza de César Ferrari, analizó la documentación con cuidado y encontró que Itaú Fiduciaria S. A. debió proteger los bienes de los fideicomitentes. Al respecto, la Fiduciaria dijo que no tenía responsabilidad alguna porque no podía conocer con exactitud la situación de Aldea y menos, tener la capacidad de adivinar el desenlace del proyecto. En conclusión, los no se sentían con ninguna obligación sobre el tema.
Por su parte, la Superfinanciera encontró que la Fiduciaria falló en la medida en que no evaluó los riesgos asociados al ordenamiento Distrital, no estableció un punto de equilibrio para la totalidad de la renovación, solo hizo estudios para una Torre, dejó por fuera a la Cremil, no examinó el centro comercial, no analizó las situaciones de solvencia o insolvencia y la cereza del pastel es que Itaú Fiduciaria S. A. no miró el sobrendeudamiento de Aldea.
Para la Superfinanciera no fue un hecho menor que Itaú Fiduciaria omitiera lanzar las alertas por números rojos que tienen hoy a decenas de inversionistas que a diferencia de los esmeralderos, no han logrado recuperar su dinero, usar el inmueble y menos, salir de la incertidumbre.
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