guerra de narrativas y de ideologías

Fenómenos normales es que existan corrientes de centro derecha y de centro izquierda con visiones y propuestas políticas divergentes; que el gobierno de turno muestre los aspectos positivos de su gestión, y que la oposición (aunque debería más ser la propuesta alternativa) busque destacar los aspectos en los cuales se ven deficiencias; y que por eso la ‘opinión publica’ depende de las fuentes de información a las que cada cual tiene acceso.

Lo que estamos viviendo se sale de estas características al exacerbarse cada una de estas situaciones. ¿Como se ven estos temas dentro de las circunstancias actuales?

Difícil es negar que existe una polarización que hoy aparece como entre una extrema derecha contra una extrema izquierda, reflejo en la política de las ideologías que inspiraron el paramilitarismo y la guerrilla, sin armas pero con cercanías a cada grupo. Que el gobierno y la oposición han prácticamente roto las posibilidades de tener puntos de encuentro y de búsqueda de consensos en beneficio de la ciudadanía. (Como cuando el presidente Lopez dijo que el problema del conflicto armado era que las partes no aspiraban a la paz sino a una victoria ; eso aplica a este nuevo escenario). Y que el establecimiento en el poder se opone a las propuestas progresistas (estigmatizándo hasta con el uso despectivo del término de ‘progresismo’) con todos los medios a su alcance, principalmente los medios de comunicación de los cuales detienen el poder total.

El caso que mejor lo ilustra es el de la salud y parece que ambas partes se la juegan toda alrededor del mismo.

El diagnóstico inicial del gobierno fue que el sistema estaba mal estructurado. No cuestionó ni mucho menos atacó los servicios de salud -es decir las IPS- sino la estructuración financiera bajo la cual se operaba. Y que el manejo toma la característica de un producto en el mercado y no de un derecho inherente a todo ciudadano cuando su funcionamiento depende del incentivo de la utilidad y no de la responsabilidad por el servicio. La oposición enfocó su narrativa en que el propósito de Petro era ‘acabar con las EPS’, como si fuera un ataque al sector privado y no una propuesta de reestructuración a un sector con problemas.

La controversia bajo la forma de narrativas siguió: La oposición, omitiendo que la verdadera motivación es el sesgo ideológico que no comparten, difunde la narrativa de que el aumento del problema se debe a la intervención misma. El gobierno justifica la reforma que propone con el argumento de que del orden de 150 EPS creadas solo quedan 17, que tanto ha tenido que intervenir parte de esas instituciones (respaldando con datos y hechos esa obligación) como ha intentado soluciones para no hacerlo (casos Sura y Sanitas)  -sin reivindicar la concepción ideológica que alimenta esa decisión.

Superado el debate sobre la EPS, se trasladan los argumentos a la crisis por las deudas y los pagos. La oposición afirma que se inserta dentro de la contextualización de la ‘lucha de clases’ y la ambición de poder que le atribuye al gobernante; mientras sostiene que su interés es la defensa de la salud los colombianos, pero sin mencionar su convicción de la necesidad de mantener la participación de los intereses del sector privado. El gobierno afirma y demuestra el cumplimiento como venía del pago del POS (programa obligatorio de salud), admite demoras en lo acumulado de periodos anteriores (justificándolas por ser excepcionales, tanto en su monto como en su falta de claridad por corresponder a las sumas destinadas a la pandemia), y en ciertos casos no POS (presupuestos maximos y huérfanas) aduciendo que los trámites se demoran más. Pero, al dar estas explicaciones sobre los hechos, pone énfasis en las responsabilidades en el origen de la crisis financiera destacando el rol del gobierno anterior, dando menos importancia a las condiciones que la crearon y sin reivindicar la contextualización dentro de su tesis de la ‘lucha de clases’.

Ahora estamos en el tema de la Unidad Por Capitación (UPC) que es la base de lo que debe aportar el Estado para la salud de cada ciudadano. La narrativa opositora presenta las consideraciones de todos los estamentos coincidiendo en que la suma decretada, 5,6 %, es insuficiente, y que debería ser mínimo de 16 %. Afirma que es porque se pretende estrangular el sistema como parte del proceso de obligar a que el Estado asuma directamente el manejo de la salud o acepte el chantaje para que se apruebe la reforma. No hace referencia a los análisis y razones que expone el gobierno para sustentar esa decisión, y por supuesto excluye de su narrativa el propósito de mantener como prioridad la participación del sector privado en su manejo. El gobierno expone datos ciertos de cómo ha aumentado la UPC mucho más que la inflación y sobre todo muchísimo más que los anteriores gobiernos; y que se ciñe a lo que obliga la ley para condiciones como las actuales señalando que así se hizo en gobiernos anteriores; es decir, da más importancia al ‘espejo retrovisor’ que a la razón de haber limitado a eso el incremento en los recursos. En ninguna de las dos narrativas se reivindica que lo que hay es un enfoque ideológico sobre modelos de Estado.

El hecho real es que el sistema era insatisfactorio y requería correcciones

El hecho real es que el sistema era insatisfactorio y requería correcciones. Al igual que el que siempre habrá falta de recursos suficientes para ofrecer la totalidad de los servicios que el total de la población necesita, y que además siempre los costos son crecientes.

Sin que dependa de quien las use, la narrativas, manipulando la presentación de algunos hechos y ocultando que el propósito es promover o defender ideologías, más que informar desinforman y no ayudan a tomar decisiones correctas.

Del mismo autor: ¿Dónde queda la lucha de clases?