La Agencia jurídica del Estado en cabeza de César Palomino perdió el año pasado tres pleitos internacionales que suman más de USD 550 millones
El año pasado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por ahí derecho las finanzas del país recibieron un duro golpe superior a los USD 550 millones. Aunque su director César Palomino Cortés recibió la noticia, los pleitos internacionales llevan varios años pero fue el quien tuvo que recibir la mala noticia de las decisiones tomadas en contra de Colombia por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI-, perteneciente al Grupo del Banco Mundial.
La minera Glencore que opera en el Cerrejón se la ganó a Colombia
La multinacional minera Glencore con sede en Suiza que maneja la operación de carbón en el Cerrejón en La Guajira y quien tiene a Claudia Bejerano como cabeza de la empresa en Colombia inició su alegato jurídico en el 2019. Invocó el convenio APRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) entre la república de Colombia y la Confederación Suiza sobre la promoción y protección recíproca de inversiones y con base a éste denunció su violación señalando que Colombia habría favorecido a la multinacional Drummond al permitirle aprovecharse de un canal de acceso tras la construcción de Puerto Nuevo, ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena, utilizado por Prodeco para exportar carbón térmico, sin pagar por su construcción ni uso, creando una situación anticompetitiva. Glencore reclamaba una indemnización de perjuicios por más de 252.000 millones de pesos. El centro internacional de arbitraje le dio la razón y notificó a Colombia el 29 de abril de 2024.
Determinó que Colombia no había regulado de manera adecuada la distribución de los gastos asociados con la construcción y mantenimiento del canal entre sus usuarios, y declaró la responsabilidad del Estado colombiano en relación con la existencia de una situación anticompetitiva.
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Sin embargo, tribunal consideró que los demandantes exageraron en sus cálculos sobre la indemnización y únicamente le otorgó el 15 % de su pretensión, equivalente a $ 37.800 millones excluyendo de manera absoluta el reclamo de intereses. Colombia rechazó el falló y anunció que estudiaría la petición de anulación del laudo.
La minera australiana South32 que maneja Cerromatoso ganó demanda por las regalías
La minera australiana South32 que desde el 2015 maneja la gran mina de níquel en Córdoba demandó al estado colombiano por posibles irregularidades que este habría cometido en el cobro de regalías a BHP Billiton, empresa de la formaba parte entre 1982 y 2012. Según ésta, la Agencia Nacional de Minería había modificado la metodología para calcular y realizar los cobros por regalías del níquel, pasándolo del 8 % al 12 %, sin consultar ni advertirle al sector de minería con lo cual se liquidó y se el exigió un mayor valor de pago por regalías.
La multinacional, reclamó que el nuevo valor del 12% solo era aplicable contratos nuevos o extensiones de contratos y que por lo tanto solo cubría parcialmente a uno de sus contratos, el de una prórroga del año 2007. El conflicto se intensificó cuando la Contraloría emitió una sanción contra el Cerro Matoso, indicando que la compañía no había pagado el porcentaje adecuado durante los años 2005 a 2012, y obligó a la minera a pagar 230.000 millones de pesos.
South32 presentó su demanda ante el Ciadi sobre la base del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia, firmado en marzo de 2010, por tener sede en Londres y el fallo del 27 de junio de 2024 la favoreció. El país deberá reconocerle más de USD 9.5 millones de los cuales casi la mitad son Costes del arbitraje. El logró de South 32 fue significativamente menor a sus expectativas, el fallo además ordena que la minera sea indemnizada por futuros daños si Colombia continúa aplicando medidas que violen el tratado.
La española Telefónica dueña de Movistar recuperó una importante suma de dinero, pero su pago esta suspendido
La española Telefónica, más conocida en Colombia como Movistar y presidida por Fabián Hernández, inició un litigio ante el Ciadi en 2018 por una solicitud realizada hecha al gobierno para la reversión de redes de infraestructuras que Telefónica había extendido en el país.
La multinacional española reclamó que la reversión hecha en 2017, según su parecer, fue realizada en condiciones diferentes a las estipulada en el contrato firmado en los años 90 y que la obligó a pagar la suma de 357,9 millones de euros. Los españoles argumentaron violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones -APRI-.
Finalmente, luego de siete años de litigio, el pasado mes de noviembre de 2024, el Ciadi falló la demanda en contra del Estado considerando que Colombia no cumplió su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de la compañía española.
Según el fallo, el país deberá pagarle a Telefónica 357,9 millones de euros en concepto de indemnización más unos intereses compuestos del 5 % desde 2018 en compensación por los daños causados (alrededor de 120 millones de euros) y costas judiciales que pueden rondar los 22 millones, lo que incrementa la cuantía a 500 millones de euros (unos 540 millones de dólares).
El gobierno reaccionó solicitando a finales de noviembre la anulación del fallo emitido y el pasado 6 de diciembre la CIADI suspendió de forma provisional la ejecución del laudo arbitral. Se está a la espera de la designación de un comité para estudiar la solicitud de anulación interpuesta.
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