La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió revocar la sanción que había sido impuesta el 16 de diciembre de 2024 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La sanción fue consecuencia del presunto incumplimiento de la Sentencia T-343 de 2022, emitida por la Corte Constitucional, en la que se ordenaba la erradicación definitiva del uso del pesticida Clorpirifós en el país.
El Clorpirifós es una sustancia química utilizada en la agricultura, cuya prohibición fue ordenada por la Corte Constitucional debido a sus efectos nocivos en la salud humana y el medio ambiente.
La Sentencia T-343 de 2022 instruía al Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a implementar acciones concretas para eliminar el uso de este químico en Colombia.
Sin embargo, el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá consideró que el ministro Jaramillo Martínez no había cumplido con esta orden, lo que llevó a la imposición de la sanción. No obstante, el Tribunal Superior revisó el caso y concluyó que el ministro sí había llevado a cabo acciones significativas para acatar la sentencia de la Corte Constitucional.
Según el Tribunal, Jaramillo Martínez acreditó haber realizado labores encaminadas a la prevención y control de intoxicaciones por Clorpirifós. Además, se confirmó que el ministro coordinó con el ICA para asegurar el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional.
Entre las acciones destacadas, se incluyen campañas de sensibilización sobre los riesgos del Clorpirifós, la promoción de alternativas más seguras, y la supervisión de la implementación de medidas por parte del ICA.
En su decisión, el Tribunal Superior reiteró que el Ministerio de Salud y Protección Social había cumplido con las disposiciones judiciales, brindando el debido acompañamiento al ICA en el proceso de erradicación del Clorpirifós.
Por lo tanto, se consideró que la sanción impuesta a Jaramillo Martínez carecía de fundamento, lo que llevó a su revocación.
Esta resolución representa un respaldo a las gestiones del Ministerio de Salud y Protección Social en la lucha contra el uso de sustancias químicas perjudiciales y reafirma el compromiso del Gobierno con la protección de la salud pública y el medio ambiente.
/WRadio
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