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En el corazón de la política del gobierno de Gustavo Petro, la descentralización de los recursos ha sido presentada como un objetivo para empoderar a las regiones y corregir desigualdades históricas. Sin embargo, las acciones concretas, como el intento de transferir recursos directamente a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y la reforma al modelo de regalías, han despertado serias preocupaciones sobre el descontrol, el clientelismo y la corrupción.
Las regalías son pagos obligatorios que realizan las empresas que explotan recursos naturales, como petróleo, gas, carbón, y minerales, al Estado colombiano. Estos recursos son propiedad de todos los colombianos y las regalías representan una compensación económica por su explotación.
En 2023, Colombia recibió $22,57 billones por concepto de regalías, un incremento del 4,13 % con respecto al año anterior. Cifra sumamente importante para ser debidamente controlada.
El caso de las Juntas de Acción Comunal
El primer intento del gobierno por “democratizar la corrupción” en el acceso a los recursos públicos, se dio con las Juntas de Acción Comunal (JAC), organizaciones comunitarias que representan una de las estructuras civiles más amplias del país, con más de 6 millones de afiliados.
La propuesta buscaba transferir recursos directamente a estas entidades para la ejecución de proyectos locales, como la construcción de vías terciarias. Aunque esta iniciativa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, el intento dejó en evidencia la intención del gobierno de mover comunidades para que ” construyan sus propios caminos”.
El segundo intento del gobierno por “democratizar la corrupción ” fue exitoso, aprobando el acceso a los recursos públicos con el cambio del modelo de regalías, el cual marcó un paso aún más significativo. Para acabar de facilitar la corrupción petrista, se eliminaron las instancias técnicas que evaluaban, priorizaban y aprobaban los proyectos con regalías.
Además, se retiró a la Dirección Nacional de Planeación (DNP) como entidad supervisora, eliminando uno de los pocos filtros técnicos que garantizaban el correcto uso de los recursos.
Las contralorías departamentales recuperan, en promedio, solo el 6,13 % del dinero desviado por corrupción. Este dato, combinado con la alta concentración de recursos en regiones con poca capacidad administrativa, revela que la descentralización sin control está lejos de ser una solución efectiva.
¿Quiénes se benefician?
La estrategia de Gustavo Petro está orientada a consolidar el poder político en municipios medianos y pequeños, alejados de los grandes centros mediáticos y con menor capacidad técnica. En estas regiones, donde el petrismo ha encontrado una base electoral sólida, así sea constreñida por la guerrilla; cae como al dedo la entrega directa de recursos, que permite a alcaldes y gobernadores aliados, mostrar resultados inmediatos. Esto fortalece redes clientelistas y garantiza lealtades políticas mediadas por la corrupción, creando un círculo vicioso de dependencia entre los líderes locales y el Gobierno central.
Un ejemplo emblemático es Puerto Gaitán, Meta. En 2023, este municipio recibió las más altas regalías en el país, del orden de $13 millones por habitante, una cifra desproporcionadamente alta. Sin embargo, las irregularidades detectadas por la Contraloría General ascendieron a $41.233 millones, casi la mitad de su presupuesto de inversión. Entre las obras cuestionadas se encuentra un internado rural presupuestado en $5.799 millones que quedó inconcluso y bajo sospecha de detrimento patrimonial.
El talante petrista derriba controles e instituciones
El discurso oficial del gobierno presenta estas reformas como un intento de justicia social, argumentando que la descentralización empodera a las comunidades y reduce las brechas históricas entre las regiones productoras y no productoras de recursos. Sin embargo, la realidad es más compleja y preocupante. La eliminación de filtros técnicos prioriza el acceso rápido a los recursos sobre su uso eficiente, favoreciendo resultados inmediatos con altísimo riesgo de calidad, costo y oportunidad e insostenibles.
La estrategia del petrismo refleja una tendencia preocupante hacia la desinstitucionalización. La eliminación de controles técnicos, el debilitamiento de entidades supervisores y el traslado de recursos a estructuras locales sin capacidades técnicas son medidas que priorizan la política sobre la gestión responsable de los recursos. Esto no solo pone en riesgo el desarrollo sostenible de las regiones, sino que también consolida un modelo de “comida para hoy y hambre para mañana”, así Petro democratiza la corrupción, atacando los controles y la supervisión, dinámica permanente en este gobierno.
Del mismo autor:Hasta el 2026,calma y combate estoico con el desgobierno Petro
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