Desde que llegó a la Alcaldía hace un año, Dumek Turbay se propuso proteger el centro histórico de Cartagena y asegurar que su reconocimiento por la UNESCO de Patrimonio cultural de la humanidad no volviera a ser amenazado como ocurrió con el edificio Acuarela, del que fue él quien aseguró su demolición.
Recorrió a pie las calles, reconoció las edificaciones con valor histórico e identificó aquellas que estaban en riesgo de caerse. Con el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) buscaron las matrículas y sus dueños para al final levantar una lista de 57 propietarios de inmuebles que están en riesgo.
Al tiempo de hacerla pública les recordó que por su status tienen la obligación de mantener las construcciones en buen estado y de no hacerlo la administración tomara cartas en el asunto. ¿Cómo? Las intervendrá para repararlas y paso siguiente le cobrará los costos de las obras, porque para la ley el interés de la ciudad está por encima del de los particulares y nadie puede demoler bienes patrimoniales y la obligación es protegerlos.
La advertencia del Alcalde no fue acogida como era lo esperado y esto lo llevó a utilizar las vías legales e instaurar una Acción Popular, en la cual se pedía que estos fueran obligados a asumir su responsabilidad de asegurarse de que las casas, sus balcones y todas sus estructuras se encuentren en buen estado.
En lista de los propietarios involucrados a quienes los cobija está medida están sólidas instituciones como Leasing Bancolombia, Sayco, la U de Cartagena, BBVA, Fideicomiso Tcherassi Hotel, varias propiedades de los Fernández Lago, los hermanos Pinaud Moreno, los Trucco González y varios miembros de la familia Godin, todos muy vinculados a la ciudad y con capacidad para tener en buenas condiciones los inmuebles.
Primer campanazo a estructuras deterioradas y fachadas en mal estado
Aunque no ha sido posible dar con la identidad de los dueños de los 57 inmuebles, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) que hoy es dirigido por Lucy Espinosa Díaz quien ya trabajó en la gobernación de Dumek Turbay como directora general del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), ha hecho un trabajo exhaustivo logrando identificar a la mayoría de ellos, así como el estado, ya sea leve, grave o medio, en el que se encuentra cada uno. Todos han sido notificados con comunicaciones como esta.
Catorce de estas propiedades se encuentran ubicadas en Getsemaní, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad que destaca particularmente por su vida nocturna. Allí, entre muchos otros negocios, se encontrará ubicado el hotel San Francisco, el cual será operado por Four Seasons a pesar de ser de propiedad de la familia Santo Domingo y su empresa Valorem.
El principal problema que comparten muchas de las casas de este barrio es el mal estado de sus fachadas, como pasa por ejemplo en la que es propiedad de Skandar José Yunes Vergara que se puede apreciar en la siguiente imagen:
Otras, en estado aún más grave como las de Eyder Manuel Benavides Aguas, tienen la fachada con alto riesgo de desprenderse y/o se encuentran en estado de abandono:
También en Getsemaní están ubicados los inmuebles de Liliana del Río Bustillo; de la empresa en liquidación Hijos de Manuel J. Mainero Solaro & Cia. Ltda; de la compañía inmobiliaria Bochon Sports S.A.S. y de la empresa dedicada al expendio de bebidas alcohólicas Inversiones Y Proyectos Tmj, todos con un deterioro medio. Por su parte, los extranjeros Allen Lewis Neil y Hartavi Omri la tienen en estado grave y con elementos de la ventana que se pueden desprender.
Otro sector con una gran cantidad de inmuebles en mal estado es el centro como tal, donde hay 35 diferentes, aunque en muchos de ellos su estado de deterioro es leve como es el caso del de la Fundación Universitaria Los Libertadores ubicado en plena Calle Santa Teresa o del Edificio Pombo en la Calle del Cuartel, el cual cuenta con varias matriculas inmobiliarias y el Tcherassi Hotel + Spa, ubicado en plena calle Sargento Mayor.
Allí también tienen inmuebles levemente deteriorados la Casa del Sargento Mayor S.A.S. y la Universidad de Cartagena y donde hay uno de los más afectados como es el que le pertenece a Orlando de Jesús Gómez y a María Falconery Gómez:
Sin embargo, hay muchos más en condiciones deplorables al igual que este último. Por ejemplo, en la siguiente imagen se pueden apreciar dos inmuebles. Del de la derecha no se conoce el dueño, pero del de más la izquierda es la familia de la fallecida María Cecilia Spath de Spath. Ambos están en estado grave y se requiere una intervención urgente de los balcones de acuerdo con el IPCC.
Otros ejemplos son los de esta casa que le pertenece a la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar y el de este edificio del empresario Israel de Jesús Moreno Andraus:
Un caso bastante particular en el centro se da en la Calle 36, donde hay tres casas que son contiguas entre sí, todas descuidadas. La primera, que es propiedad de Inversiones D Y B & Cia. S.c.a. está abandonada; la segunda, cuyo propietario se desconoce, tiene la fachada en peligro de colapsar y la tercera, de la familia Trucco González, está en las mismas condiciones que la segunda.
Finalmente, el último barrio al que llegó la lupa del alcalde Turbay fue La Matuna, el epicentro financiero de la capital de Bolívar. Allí, hay ocho inmuebles que fueron incluidos en su Acción Popular, aunque muchos de ellos cuentan con la particularidad de tener hasta 30 o 40 dueños diferentes. De otros, por su parte, no fue posible identificar el dueño. Una excepción es el edificio del Consejo Superior de la Judicatura, que le pertenece a la Nación y que presenta grietas y otras afectaciones que podrían ocasionar accidentes y afectar a los peatones.
Algunos otros propietarios de los que se tiene conocimiento por parte del IPCC son JOTAMARA S.A.S.; Vertical de Aviación S.A.S. – En Liquidación Judicial; Inversiones F Cuadrado Ltda.; Promotora Inmobiliaria Centro Histórico de Cartagena S.A. – CEHICA S.A.; TAG HOLDINGS CTG S.A.S.; Bettin Sierra Abogados Asesores S.A.S.; Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia – ANEC; Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena; Pinillos Parra S.A.S.; Sociedad de Autores y Compositores de Colombia «Sayco»; entre muchos otros. Aquí la puede ver a detalle:
Hora de pasar a la acción
El 15 de noviembre, tres meses después de que fuera instaurada la demanda, el Juzgado 13 Administrativo de Cartagena decidió admitirla y darle luz verde al mandatario para que pueda tomar medidas inmediatas. La jueza Giovanna Bonilla Mitrotti consideró que el deterioro de estos inmuebles puede impactar negativamente en la vida y bienes de las personas que los visitan, habitan y/o transitan a su alrededor, por lo que se deben defender los derechos colectivos. Asimismo, ordenó que los propietarios deben intervenir sus propiedades y que, de no hacerlo, las autoridades podrán tomar las acciones correspondientes y luego cobrarles lo correspondiente.
Ahora, dos meses después, Turbay determinó que la mejor manera de comenzar el año era dándole tienda suelta a las intervenciones que ordenó la jueza, comenzando por 21 inmuebles cuyo estado es catalogado como grave. Esta quedará a cargo de la Dirección de Control Urbano, dirigida por el abogado Emilio Molina, a la que se le dieron facultades a través del Decreto 1975 del 30 de diciembre de 2024 para ordenar “primeros auxilios” para los tejados y las fachadas de los inmuebles.
Todo forma parte de un objetivo mayor de Dumek Turbay de posicionar a Cartagena como un “destino turístico de excelencia”.
En línea con eso ya logró que la ciudad albergara el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en noviembre del año pasado, en el que recibió a delegados de 36 países y, además, recientemente se conoció que el gobierno de Italia le dio 3 millones de euros a Cartagena para fortalecer la economía popular, pero también para recuperar y restaurar bienes que son de Interés Cultural en lo que constituye la cooperación internacional más grande dada por un solo donante para preservar el patrimonio inmaterial de la ciudad, algo para lo que fue clave la gestión del embajador italiano Giancarlo María Curcio.
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