Sin sospecharlo, la abogada javeriana Paola Meneses llegó a la Corte sin formación como constitucionalista, pero con respaldo para pasar la prueba en el Congreso
En la primera sesión de las extras del Congreso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expuso los argumentos para llamar a votar la Conmoción Interior, una herramienta jurídica excepcional que el gobierno justifica por la crisis de orden público y humanitaria en el Catatumbo.
Simultáneamente y de oficio le corresponde a la Corte Constitucional darle vía libre a la decisión presidencial y por sorteo el análisis inicial para presentar la ponencia a consideraría de la Sala Plena le correspondió a la magistrada Paola Meneses, quien llegó al tribunal en 2020 después de ser ternada por su condiscípulo, el expresidente Iván Duque.
Compañera de Duque en el colegio Rochester, estudió en la Javeriana, Meneses compitió en la terna contra Fernando Grillo, quien era el director de la Función Pública y con José María del Castillo, quien era decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, la misma de la que se graduaron tanto el expresidente Duque como el exfiscal Francisco Barbosa, quien también es cercano a la magistrada.
La abogada se terminó imponiendo con facilidad al obtener 67 votos
La experiencia importante en la hoja de vida de la magistrada la logró en el gobierno Duque. Sin ser penalista, el fiscal Barbosa la nombró Delegada contra la criminalidad organizada, cargo en el que estuvo nueve meses y salió condecorada. Muy recién iniciado el gobierno también Duque le dio la oportunidad de desempeñarse como Superintendente de Subsidio Familiar, un puesto de nominación del presidente.
Con el mismo entusiasmo con el que posesionó a su compañero de estudios en la Sergio, como Francisco Barbosa lo hizo con su amiga desde el colegio, Paola Meneses, como magistrada.
A la abogada javeriana le corresponde ahora evaluar la situación en el Catatumbo y determinar si se le puede hacer frente con la acción ordinaria de la Fuerza Pública o si es necesaria la Conmoción Interior y proyectar la ponencia para consideración de sus colegas magistrados.
El gobierno Petro cuenta con un escudero de quilates, solido académicamente y con formación de docente, como es el magistrado Vladimir Fernández, quien de no haber sido elegido por el Congreso habría tenido la responsabilidad de proyectar el Decreto como Secretario Jurídico de Presidencia.
Esta vez no fue en la Secretaria Jurídica que ocupa Paula Robledo donde se proyectó el decreto, fueron el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quienes estuvieron al frente del tema por indicación del Presidente, proceso del que también participó la abogada Robledo como parte del equipo que siguió las directrices del Presidente.
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