Detrás de la Mintransporte salió la subdirectora de Invias, involucrada en la concesión a Ventura Group que regresó a manos de la Armada al mando del almirante Rozo
Recién se había instalado en su oficina la nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, cuando la subdirectora de Invias, Carolina Barbanti estaba ya presentando la renuncia, con lo que le siguió los pasos a su exjefa, la exministra María Constanza García, quien la había respaldado en su cargo. En ambos casos estuvo de por medio la tormenta desatada por el Muelle 13.
La exministra García, quien había soportado presiones de distinta índole durante el año en el Ministerio, se mostró inconforme con la revocatoria por parte de la ANI del contrato del Grupo Portuario de propiedad de Ventura Group para el manejo del Muelle 13, decisión en la que no fue consultada, siendo la superior jerárquica del sector, por lo que madrugó a presentar su renuncia a través de las redes sociales.
En corto tiempo y con la llegada de una nueva jefa, tomó el mismo camino Carolina Barbanti
Ella estuvo en el centro de la polémica alrededor de la concesión del Muelle 13 porque fue ella quien, en diciembre del 2023, durante un breve encargo como directora de la ANI, firmó la ampliación prórroga de 20 años más a la concesión en favor del Grupo Ventura liderado por el naviero Álvaro Rodríguez.
Fue Barbanti quien propició los actos administrativos que abrieron la polémica alrededor de la ampliación y prórroga del manejo privado del Muelle 13, decisión que el gobierno Petro terminó reversando por ser contraria a sus instrucciones y a la política ambiental. En diciembre de 2023, Carolina Barbanti se desempeñaba como vicepresidenta de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuando fue encargada de la entidad por el entonces presidente de la ANI, William Camargo, quien posteriormente fue nombrado ministro de Transporte. Había sido él quien la llevó a la entidad.
Ejerciendo como presidenta encargada de la ANI, Barbanti citó al comité extraordinario de contratación para autorizar la firma del nuevo contrato con Ventura Group por 20 años más, en contravía a una instrucción presidencial que advertía la inconveniencia para los intereses del Estado de que el Grupo Ventura controlara comercialmente un muelle que le pertenecía a la Armada Nacional.
La funcionaria hizo caso omiso y procedió, asegurando que el Grupo Ventura cumplía con todos los requisitos necesarios para la construcción en el lecho marino, incluyendo una licencia ambiental. Sin embargo, posteriormente se descubrió que la licencia ambiental presentada era en realidad un plan de manejo ambiental, el cual resultó insuficiente para justificar la renovación del contrato de concesión.
Tras percatarse de esta situación, el alto gobierno reaccionó a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia de Defensa Judicial y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quienes tomaron medidas para proteger los intereses del Estado y los recursos naturales y evitar esa contratación que consideraban no llenaba los requisitos. Por medio de una resolución de decaimiento por falta de requisitos y dejaba en claro que, al momento de su firma, la ministra de Medio Ambiente estaba ausente, con lo cual el acto administrativo de diciembre 23 perdía validez jurídica.
Por su parte, la ANLA logró una medida cautelar que suspende el plan de manejo ambiental que Carolina Barbanti que aceptó como la licencia ambiental requerida. Igualmente, la Agencia de Defensa Judicial del Estado denunció ante la Fiscalía la inminencia de un daño ambiental, pues se destruiría el lecho, una denuncia que a la fecha duerme.
Ventura Group se defendió con una tutela interpuesta por el abogado Jaime Lombana, con la que se buscaba suspender el efecto de las decisiones de la ANLA y así procurar que la ANI se viera obligada a firmar la prorroga en cuestión. Esa tutela prendió las alarmas en el gobierno por lo que la ANI en cabeza de Francisco Ospina, rápidamente revocó el permiso de operación por falta de la licencia ambiental y se le devolvió a la Armada Nacional el control del muelle. A la postre, la tutela de Lombana tampoco prosperó por no ser, según el juez, el mecanismo expedito para solicitar una suspensión de decisiones de la ANLA.
Carolina Barbanti, era una de las funcionarias de confianza de la exministra María Constanza García y no dudó en apartarse del cargo con su salida, pero también con la llegada de la ministra Rojas, quien llega con directrices claras por parte del presidente Petro.
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