Lo aprendido en su carrera militar hasta llegar a ser comandante del Ejército lo aplicará apoyando a la conservadora Adriana Matiz en su estrategia de seguridad
Dos años y medio después de retirarse del Ejército como forma de protesta a la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, al general (r) Eduardo Zapateiro le llegó el momento de volver al ruedo, aunque esta vez con una responsabilidad muy diferente a la que tenía cuando era comandante. Será asesor de seguridad de la Gobernación del Tolima, la cual tiene a la cabeza desde enero del año pasado a la abogada conservadora Adriana Magali Matiz, quien fue representante a la Cámara entre 2018 y 2022.
En los últimos meses Tolima ha sufrido varios actos de violencia e incluso la propia gobernadora ha denunciado la presencia de disidentes de las Farc
Ante esto, en diversas ocasiones le ha reclamado al gobierno de Gustavo Petro por lo que ella percibe como una falta de control territorial y ha pedido acciones más contundentes de su parte para combatir el crimen. De igual manera, ella misma ha llevado a cabo acciones para garantizar la seguridad de su departamento, pero la más representativa fue el nombramiento del general retirado de 62 años este 3 de febrero.
Hasta ahora, Zapateiro había pasado el retiro escribiendo su libro “El honor del deber cumplido” y haciéndole una ferviente oposición al gobierno Petro tanto desde sus redes sociales como desde las calles, donde ha conformado un grupo de militares en retiro que lo han acompañado en varias manifestaciones.
Ahora, la labor del cartagenero, reconocido entre otras cosas por su papel en la famosa Operación Fénix en la que fue abatido ‘Raúl Reyes’, será la de coordinarse con la Fuerza Pública del Tolima para diseñar estrategias que permitan contrarrestar la violencia que ha aquejado principalmente al sur y al oriente del departamento.
Esta fue una designación que ya comenzó a generar revuelo, puesto que varias organizaciones tanto del apartado local como del nacional se han pronunciado para expresar su rechazo. Una de estas fue el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el cual le pidió a la Gobernación que reconsidere su decisión asegurando que “No podemos permitir que quienes dieron la orden sigan perpetuando la impunidad”.
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