El sector energético colombiano enfrenta una de sus mayores crisis en años. Las tarifas de electricidad han aumentado considerablemente en la región Caribe, generando un malestar social creciente. La falta de inversiones, la mala planificación y las políticas erráticas del gobierno han llevado a un deterioro de la infraestructura eléctrica.
Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del Caribe han sufrido cortes de luz y un incremento en las tarifas de hasta un 25% en los últimos dos años, afectando a hogares y empresas. Sin embargo, en lugar de tomar medidas concretas para solucionar el problema, Petro ha decidido culpar a los operadores privados y al modelo energético sin presentar una alternativa viable.
La crisis no es producto de un fenómeno reciente ni de agentes externos, sino de decisiones equivocadas y una falta de liderazgo en el sector. Desde el inicio de su gobierno, Petro ha propuesto una transición energética sin garantizar la estabilidad del suministro. Además, los cambios constantes en la regulación y la falta de incentivos para la inversión han llevado a que el sector se debilite aún más.
El Banco de la República y la Contraloría han advertido sobre la posibilidad de un apagón si no se toman medidas urgentes.
Deuda del Gobierno con el sector eléctrico:
Subsidios de Energía: El Gobierno Nacional tiene una deuda acumulada de aproximadamente 2,7 billones de pesos con las empresas del sector eléctrico, correspondiente a subsidios no pagados a los estratos 1, 2 y 3.
Opción Tarifaria: Adicionalmente, existe una deuda de 3,3 billones de pesos relacionada con la opción tarifaria implementada durante la pandemia, que permitió congelar las tarifas de energía para aliviar a los usuarios.
Deuda Oficial y Otros Conceptos: Se suman 1,4 billones de pesos en deudas oficiales y otros conceptos, elevando el total de la deuda gubernamental con el sector eléctrico a 7,4 billones de pesos.
La paradoja de Petro: Protestar contra su propio gobierno
Petro ha convertido la protesta en una herramienta de gobierno. Desde su campaña, ha utilizado la movilización social como un mecanismo de presión, pero lo paradójico es que ahora lo hace desde el poder. En lugar de gobernar con acciones concretas, sigue comportándose como un líder de la oposición.
La marcha en Barranquilla 30 de enero es un reflejo de su estrategia política: señalar culpables sin asumir responsabilidades. El mandatario culpa a las empresas privadas de la crisis energética, a los inversionistas de la falta de confianza y a los gobiernos anteriores de la deuda creciente. Sin embargo, después de dos años y medio de gestión, su administración no ha presentado soluciones efectivas.
Esta estrategia de evadir responsabilidades no es nueva. Lo mismo ocurrió con la crisis migratoria, cuando bloqueó el regreso de colombianos deportados desde EE. UU., generando un conflicto diplomático innecesario. También ha sucedido con la inseguridad, donde la Paz Total ha derivado en un fortalecimiento de los grupos armados en regiones como el Catatumbo y el Cauca.
¿Un nuevo apagón como en la era Gaviria?
La historia de Colombia ya ha mostrado las consecuencias de una mala planificación energética. En 1992, durante el gobierno de César Gaviria, el país enfrentó un apagón histórico, debido a una crisis energética agravada por el fenómeno de El Niño. En su momento, se implementaron medidas extremas como la «Hora Gaviria», que adelantó el reloj una hora para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo eléctrico en las horas pico.
Los colombianos sufrieron cortes de energía de hasta nueve horas diarias en ciudades como Bogotá, y hasta 18 horas en San Andrés y Providencia. Esta crisis no solo afectó a los hogares, sino que golpeó duramente la industria y el comercio. Aunque el fenómeno climático fue un factor determinante, también se evidenció la falta de infraestructura y planificación en el sector eléctrico.
Hoy, con una crisis energética que avanza sin control, el país corre el riesgo de repetir un episodio similar. Si no se toman medidas urgentes, Colombia podría enfrentar apagones en 2025, según advertencias de expertos del sector. Sin inversiones en generación y transmisión de energía, y con un sistema financiero en crisis, el panorama es preocupante.
Una economía en jaque: La deuda y el déficit se disparan
Mientras el presidente marcha en Barranquilla, los indicadores económicos muestran una realidad preocupante. En 2023, la deuda pública de Colombia superó el 60% del PIB, lo que generó alertas en organismos internacionales. A esto se suma el creciente déficit fiscal, que podría superar el 6% del PIB en 2024, sin que el gobierno presente un plan creíble para reducirlo.
El gasto público ha aumentado de manera descontrolada. En 2022 creció un 16%, 2023 aumentó otro 19%. Gran parte de estos recursos se han destinado a programas sociales que, aunque importantes, carecen de una fuente de financiamiento sostenible debido a la caída en los ingresos petroleros y mineros.
La inversión extranjera, que es clave para el desarrollo del país, ha caído un 23% en 2023, reflejando la desconfianza de los mercados en la gestión económica de Petro. La falta de claridad en la política energética y fiscal ha llevado a que inversionistas reconsideren sus apuestas en Colombia.
La marcha de Petro en Barranquilla es el reflejo de un gobierno que se ha quedado sin soluciones. En lugar de asumir su responsabilidad, el presidente ha optado por seguir en modo campaña, movilizando a sus seguidores para desviar la atención de los problemas reales.
Mientras tanto, la crisis energética sigue sin resolverse, la deuda sigue creciendo y la economía enfrenta un escenario incierto. Gobernar implica tomar decisiones, asumir responsabilidades y ofrecer soluciones reales. Pero Petro, en lugar de ser el presidente de Colombia, parece haber decidido seguir siendo un eterno manifestante.
Si la historia reciente ha demostrado algo, es que el país necesita liderazgo y claridad, no marchas y discursos sin acciones concretas.
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