Por
GERMÁN
AYALA OSORIO
Si el gobierno Petro logra traer de vuelta a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, se pueden dar por los menos tres escenarios jurídico-políticos: el primero, que por recomendación legal o las amenazas que muy seguramente recibirá de sus aliados decida guardar silencio. Llegado ese caso, le corresponde a la fiscal general de la Nación asumir la tarea de destapar la olla podrida que esconde Papá Pitufo. Ello, por supuesto, favorecería política y electoralmente a poderosos agentes del establecimiento que hoy cientos de miles de colombianos creen a pie juntillas que fueron socios de Marín Buitrago, el ya tristemente célebre zar del contrabando.
Bajo esas circunstancias lo más probable es que a muy alto nivel político se logren pactos de silencio que podrían beneficiar la tirante relación entre el gobierno y la oposición.
El segundo escenario estaría atado a la versión que decida ofrecerle a la Fiscalía, lo que implicaría delatar a quienes hoy el país supone que fueron sus colaboradores directos en el largo proceso que lo llevó a convertirse en el zar del contrabando en Colombia: oficiales de la Policía en grados superiores, agentes aduaneros, congresistas, fiscales, periodistas y presidentes en ejercicio, entre otros. De darse ese escenario, el ambiente electoral de 2026 podría tornarse aún más complejo por lo que representaría la confirmación de la versión que indica que Papá Pitufo viene delinquiendo desde los años 90. De resultar así, el progresismo y la izquierda podrían salir avante en su aspiración de ganar la elección presidencial.
Y un tercer escenario, derivado de los posibles efectos políticos y electorales que podría generar la delación de ese entramado de corrupción, estaría dado en la entrega de una versión amañada de sus andanzas mafiosas, esto es, la selección interesada de sus cómplices para favorecer a específicos sectores del establecimiento colombiano que no estarían dispuestos a permitir que el progresismo se quede cuatro años más. Estaríamos entonces ante un relato muy propio de las maneras como suele operar el establecimiento cuando sus más poderosos y peligrosos agentes de poder asuman como un riesgo potencial que lo que declare Marín Buitrago suponga un cambio en las correlaciones de fuerza y en las formas regladas e institucionalizadas en las que operan todas las actividades mafiosas que confluyen en las desarrolladas por Papá Pitufo: blanqueo de dinero que haya favorecido al sistema financiero nacional e internacional; el contrabando mismo y los intereses políticos que están detrás de la intención manifiesta de quebrar específicos sectores económicos a través de la entrada masiva e ilegal de todo tipo de mercancías que el país produce.
Eso sí, independientemente de cuál de los tres escenarios aquí planteados o quizás otros que se puedan dar, lo cierto es que el remplazo de Papá Pitufo debe estar ya listo para asumir las actividades ilegales desarrolladas por el personaje de marras. Y es así porque la corrupción público-privada en Colombia es apenas un problema moral que fácilmente se supera con acuerdos políticos al más alto nivel.
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