La Defensoría del Pueblo expresó este sábado su preocupación ante el reciente anuncio del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, que determinó la eliminación del subsidio a las tasas de interés en los créditos educativos, situación que afectará directamente a miles de estudiantes y egresados que actualmente están en periodo de pago.
Según la entidad, esta medida podría poner en riesgo la estabilidad financiera de muchas familias colombianas y vulnerar sus derechos sociales.
La Defensoría recordó que el subsidio había permitido a los beneficiarios de Icetex mantener sus cuotas mensuales sin el impacto de la inflación, lo que favoreció a las economías familiares.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda determinó un aplazamiento de recursos dentro del Presupuesto General de la Nación debido a restricciones fiscales, lo que resultó en la disminución de los recursos administrados por entidades estatales, entre ellas Icetex.
A pesar de las dificultades fiscales, la Defensoría subrayó la necesidad urgente de encontrar soluciones alternativas que eviten que los estudiantes pierdan el alivio financiero que se les había garantizado.
La situación actual, según la Defensoría, es regresiva para los derechos sociales de quienes accedieron a la educación superior a través de los créditos, ya que el aumento en las cuotas podría representar un nuevo obstáculo económico para su formación académica.
El 20 de febrero, Icetex ratificó que los créditos educativos retornarán a las condiciones inicialmente pactadas, tras la eliminación del subsidio a las tasas de interés.
Según la entidad, la medida afecta a más de 180.000 estudiantes, quienes se beneficiaban de este apoyo durante los años 2023 y 2024.
Icetex explicó que la difícil situación fiscal del país imposibilita la continuación de este beneficio en 2025. La decisión, que ya ha generado protestas entre los estudiantes, implicará un aumento en las tasas de interés de los créditos, regresando a los términos pactados al momento de su aprobación.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al diálogo y a la búsqueda de alternativas que permitan proteger los derechos sociales de los estudiantes, evitando que los cambios recientes en las condiciones de pago afecten aún más la situación económica de miles de familias colombianas.
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