Como dice la Constitución, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Igualmente, a ellas corresponde -en las distintas ramas y órganos del poder público y dentro de sus competencias- velar por el interés general, garantizar el cumplimiento y la efectividad de las normas constitucionales y legales, preservar el patrimonio público, prevenir, controlar, investigar y sancionar el delito, administrando real y oportuna justicia. Los funcionarios no están en sus cargos para enriquecerse a cambio de cooperación con el delito, ni para cohonestar, ayudar y amparar a poderosos delincuentes.
Según señala el artículo 218 de la Constitución, la Policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
El artículo 150 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002, estipula con meridiana claridad que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal.
Infortunadamente, además de la violencia, uno de los peores males que afectan a Colombia es la corrupción, que durante años ha venido siendo palmaria en muchas entidades públicas y privadas, sin que haya podido ser derrotada. En conexión y contando con la complicidad de políticos, altos funcionarios y servidores estatales deshonestos, los delincuentes siguen actuando, dentro y fuera del territorio colombiano. También por caminos corruptos, han logrado la impunidad.
Hasta ahora viene a divulgarse algo completamente increíble; totalmente inaceptable para una sociedad en que debieran prevalecer la legalidad y la justicia: que una banda de malhechores y contrabandistas, bajo el mando de un llamado “zar del contrabando”, ha actuado a sus anchas durante muchos años, a ciencia y paciencia de varios gobiernos y con la complicidad de funcionarios policiales, autoridades aduaneras y de policía fiscal.
Es inconcebible lo que se está divulgando: que el aludido líder de la red delictiva y corrupta haya estado en contacto con importantes autoridades policiales; que haya distribuido dinero entre ellas; que haya hecho aportes a campañas políticas y que todo haya permanecido oculto ante al país, ante gobiernos, investigadores y jueces. Es muy grave que se haya iniciado un tardío proceso penal en contra de dicho personaje, se haya suspendido la investigación, haya escapado y salido del territorio, y solamente en estos días se haya solicitado su extradición.
Todo eso preocupa enormemente a los colombianos. Se espera, entonces, que se tramite la extradición y que, ahora sí, haya procesos penales, se sancione a quienes hayan delinquido y a quienes hayan sido cómplices. No más corrupción.
*Exmagistrado*Profesor universitario
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