La élite empresarial y politica en Colombia ha usado el neoliberalismo como negocio redondo para la acumulación de riqueza y el despojo del patrimonio público
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Para hacerse multimillonario en Colombia, no se requiere ser un exitoso empresario ni contar con un coeficiente intelectual que sorprenda la barrera de lo inimaginable o en el mejor de los casos ser un genio empresarial de ideas revolucionarias. No. Basta con tener acceso a los círculos de poder, contar con una cercana, pero muy estrecha relación con esos políticos, que son capaces de vender a su propia familia para alcanzar reconocimiento público y fortalecimiento económico, es decir; ser de la misma estirpe y comprender las reglas del juego neoliberal.
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En Colombia, el ocaso del siglo XX y el majestuoso amanecer del XXI, marcaron un punto de inflexión neoliberal. La privatización masiva de empresas estatales, fue un festín para una élite política y empresarial estrechamente ligadas. El 99% de las empresas del Estado fueron feriadas entre empresarios y amigos de los gobiernos de turno, con la consecuente depreciación del patrimonio del Estado, por estudios y avalúos mal hechos o bien pagos. Este hecho también significó el posterior encarecimiento de los servicios públicos. Para entonces se patrocinaron crueles guerras de sangre y violencia, conflictos internos que sirvieron de cortina de humo para la venta a precios irrisorios de activos estratégicos del Estado, como en una venta de garaje. Esa distracción fue suficiente para hacer y deshacer con el patrimonio público. Grandes casas politiqueras se beneficiaron en muy buena medida con las acciones neoliberales que sirvieron en bandeja de plata, perdón, de oro, empresas de servicios públicos, generadoras de energía, bancos, hospitales y otros activos estatales. Compradores que una vez con el dominio del negocio empezaron por triplicar los costos del servicio y exigir subsidios en un supuesto por fortalecer cobertura.
Si bien es cierto las empresas públicas de aquel entonces, se habían convertido en fortín burocrático de los grandes grupos politiqueros del momento, no es menos cierto que hoy, las privadas, son capital electoral de los gobiernos de turno, quienes crean acuerdos, conciben ordenanzas, firman decretos y dictan leyes, con las cuales pagan los aportes recibidos para las campañas que determinaron sus cargos.
Esta dinámica se repite en diversos sectores: empresas de energía, promotoras de salud, servicios públicos y telecomunicaciones, entre otras, que crean una red de empresas interconectadas que se venden servicios entre sí a precios exorbitantes.
De allí que en Colombia el operador de energía, crea su propio intermediario que compra al productor, en muchos casos al mismo Estado, el kilovatio por «X» monedas. Este se lo vende a sí mismo triplicando el costo a «X» pesos y como quien regula el precio final recibió el apoyo para llegar al cargo que ostenta, autoriza que éste, lo cobre al consumidor final a «X» dólar. Es decir obtienen una ganancia en escala progresiva que supera los límites de la avaricias.
Asimismo pasa con el promotor de salud (EPS) quien crea su propio intermediario llamado «operador», quien compra el acetaminofén a centavos, se lo vende a sí mismo a pesos y se lo cobra al Estado a dólar. Además con los recursos de capitación destinados al pago de los servicios de las IPS, crea una infraestructura económica horizontal. Funda farmacias, laboratorios y clínicas que parecieran cobrar al doble los medicamentos, exámenes y tratamientos médicos que terceros podrían hacerlo al costo real de mercado.
El proveedor del servicio de gas domiciliario no se queda atrás. Este también crea su propio intermediario, convirtiéndolo en el factor que permite justificar los costos. Importa el gas cuyo precio en pesos es centavos, haciéndolo parecer costoso y se lo vende a sus propias empresas operadoras a pesos de pesos y éste lo suministra al consumidor final en miles de los mismos, de allí que el negocio resulta ser como el azúcar el Wall Street, un negocio redondo.
De la misma forma y bajo las mismas técnicas se manejan las grandes concesiones, de telecomunicaciones, viales y otras. En donde el empresario entrega enormes dádivas o coimas para su adjudicación. Bajo el compromiso que se les autorice un precio final del servicio, que contemple la inversión extra legal. De esta manera recupera lo coimeado con sus respectivas utilidades e intereses, aprovechándose de la necesidad del consumidor final.
Las corruptas relaciones políticas entre empresarios y gobernantes, han llegado a tal extremo que hoy un operador de cualquier servicio, puede cobrar al usuario final las pérdidas que tenga en su negocio, ya sea por negligencia administrativa, pésimas operación o vicio propio del producto. El descaro es tan sucio que adicionalmente este «empresario» solicita al gobierno de turno que le autorice un cobro extra para recuperar la inversión hecha al momento de crear su propia compañía.
En resumen, el neoliberalismo en Colombia ha servido de vehículo para la concentración de la riqueza en pocas manos. A través de la privatización de empresas estatales, la creación de monopolios, la adjudicación de absurdas concesiones y la manipulación de los precios del servicio.Una élite empresarial que ha amasado inmensas fortunas a costa del bienestar social de nuestras comunidades.
Estas trampas, conocidas como «transferencia de precios», permiten a los empresarios obtener ganancias exorbitantes a costa del bolsillo de los ciudadanos. Un negocio tan brillante que no tiene otro nombre: «neoliberalismo»
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