El pereirano debe responder a la Corte, y otros 28 congresistas delatados por la asesora Benavides. Los acusa de recibir contratos a cambio de aprobar el presupuesto
El nombre del senador Juan Pablo Gallo fue mencionado en varias ocasiones por la asesora María Alejandra Benavides durante las diez horas de interrogatorio que le hizo la Fiscalía dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de la Unidad de Gestión Nacional de Riesgos y Desastres (Ungrd) que se cobró la cabeza del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla; el director del Dapre, Carlos Ramón González y el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo, por mencionar los de más alto rango.
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María Alejandra Benavides fue la asesora de confianza del entonces ministro Ricardo Bonilla quien le delegó la tarea de ser intermediaria entre el Congreso y la cartera de Hacienda a la hora de gestionar cupos indicativos –que en la práctica equivalen a recursos para contratar obras regionales- que favorecieran a los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), conformada por seis miembros de las Comisiones Terceras: tres senadores y tres representantes. La contraprestación era poder contar con el voto de los legisladores para lograr la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2024. El Ministro Bonilla habría cedido a las presiones con lo cual se abre un nuevo capítulo en su caso judicial que está en la Fiscalía y la Corte Suprema.
Varios de los congresistas delatados por la asesora de Ricardo Bonilla, ya están respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia por las prebendas que solicitaron de los recursos de la Ungrd como es el caso del senador liberal Juan Pablo Gallo. Este entró a formar parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en reemplazo de Mauricio Gómez Amín quien, según la asesora María Alejandra Benavides, nunca le interesaron los cupos indicativos. No pasó lo mismo con su sucesor.
Juan Pablo Gallo pidió una reunión privada con el Ministro Bonilla y le hizo saber directamente “no está mi cupo, no está mi voto”, con lo cual se configuraría un delito.
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El 23 de noviembre de 2023 tuvo lugar una reunión clave entre el ministro Bonilla, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el senador Juan Pablo Gallo quien dejó claro que sería él quien pusiera las condiciones a cambio de que obtuvieran su voto en la aprobación del presupuesto. “Hágale caso, inclúyalo”, fue la orden que el ministro Bonilla le dio a su asesora María Alejandra Benavides. Y así fue, Juan Pablo Galló se empezó a favorecer con cupos indicativos a cambios de la aprobación de presupuestos que iban a proyectos específicos con los que se beneficiaría.
El senado Gallo habría presionado a la asesora Benavides en reiteradas ocasiones para que se cumpliera al pie de la letra la orden dada por el ministro Bonilla. Con él, otros miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público como fue el caso de Wadith Manzur (Partido Conservador), Lilian Bitar (Partido Conservador), Karen Manrique (curul de paz), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) también tenían vía libre para un cupo indicativo. Todo votaron a favor del presupuesto general de la nación gestionado por el ministro Ricardo Bonilla.
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En abril de 2024 Juan Pablo Gallo, sabía lo que se le venía cuando se destapó el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), y dio un paso al costado renunciando a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Cuando la Corte Suprema llamó al senador Gallo a interrogatorio guardó silencio. Una estrategia de su abogado el reconocido penalista antioqueño Jesús Albeiro Yepes.
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