En Colombia, emprender se ha convertido en un acto de resistencia. Lejos de recibir apoyo, quienes generan empleo y mueven la economía son tratados como enemigos. No más mentiras: los empresarios no son esclavistas ni opositores del progreso. Son la base de la economía. El 90% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas (MIPYMES), y juntas generan el 80% del empleo. Sin embargo, en los últimos dos años y medio, más de 250.000 han tenido que cerrar. No son grandes corporaciones, sino negocios familiares y emprendimientos que no lograron sobrevivir en un entorno donde ser formal es casi un castigo. Las razones de esta crisis son claras: impuestos asfixiantes, bancos que niegan créditos, costos laborales que ahogan a los empleadores y un gobierno que, en vez de facilitar, dificulta. Para muchos, la única opción es volverse informal o, en el peor de los casos, rendirse.
No nos engañemos. La solución no es imponer más cargas a los pocos empresarios que siguen en pie. Sin embargo, eso es exactamente lo que el gobierno pretende con su reforma laboral. Dicen que beneficiará a la mayoría de los trabajadores, pero los datos demuestran lo contrario.
En Sincelejo, Valledupar, Riohacha, Cúcuta, Santa Marta y Popayán, más del 60% de los trabajadores están en la informalidad. Es decir, no tienen prestaciones sociales como salud, pensión, prima de servicios ni cesantías. No cuentan con estabilidad ni derechos laborales garantizados. A nivel nacional, el promedio de informalidad es del 56%, lo que significa que más de la mitad de la población económicamente activa trabaja sin acceso a los beneficios que el gobierno dice querer mejorar. Entonces, ¿cómo puede afirmar que esta reforma ayudará a la mayoría si, en la realidad, más colombianos trabajan sin contrato que con uno?
El Banco de la República ha sido contundente: esta reforma destruirá 450.000 empleos formales. Y no lo dice la oposición, lo dice un organismo técnico con representantes del propio gobierno. La exministra de Trabajo lo advirtió: la reforma laboral no creará un solo empleo; al contrario, pondrá en riesgo los pocos que existen. Entonces, ¿por qué insisten en venderla como la gran solución? Porque el discurso es populista y desconoce la realidad del país.
El fracaso de su reforma laboral no fue algo que el presidente Petro pudiera tolerar. Ocho congresistas firmaron la ponencia negativa y, como lo ha hecho una y otra vez, en lugar de aceptar la decisión democrática, Petro reaccionó con su fórmula de siempre: llamar a las calles. Peor aún, decretó día cívico el martes para que la gente pueda salir a marchar, utilizando el aparato estatal para presionar su narrativa. Cada vez muestra más su talante antidemocrático y su desprecio por la separación de poderes. En su lógica, si el Congreso no le aprueba lo que quiere, hay que buscar la presión de la calle, como si la democracia fuera solo válida cuando le conviene.
En redes sociales se viralizó el video de una joven del SENA que fue llevada con sus compañeras a protestar al Congreso. Cuando le preguntaron por qué estaba ahí, respondió que su profesor le había dicho que con la ponencia negativa iban a quitar todas las prestaciones laborales. ¡Embusteros! Esto demuestra hasta dónde llega la manipulación y el adoctrinamiento: utilizar estudiantes como herramienta política, engañarlos y hacerles creer que están defendiendo derechos que nadie les está quitando. Es la misma estrategia de siempre: vender miedo y dividir. Se aferran a la idea de crear enemigos imaginarios para justificar sus fracasos y ocultar la crisis que ellos mismos han generado.
Y, como si no fuera suficiente, ahora Petro quiere gastar 600.000 millones de pesos en su consulta popular. Un país en crisis, con un sistema de salud al borde del colapso porque no hay dinero para hospitales, medicamentos ni atención digna, y el presidente quiere despilfarrar esa cifra absurda solo para alimentar su ego y disfrazar su fracaso legislativo. ¿Vamos a pagar con nuestros impuestos la campaña de Petro o de su elegido? Porque esa es la verdadera intención detrás de esta consulta: convertir un capricho político en una plataforma electoral con dinero público.
Lo que el Pacto Histórico y algunos sectores de los verdes están haciendo con los ocho senadores que presentaron ponencia negativa a la reforma laboral es inaceptable. El método mafioso que están utilizando para amedrentarlos debería ser investigado de inmediato por los organismos de control y la Corte Suprema. Esto no es democracia, es una amenaza directa a quienes se atreven a disentir.
No nos dejemos engañar. La verdadera lucha no es entre empresarios y trabajadores. La lucha es por un país donde emprender no sea un castigo, donde el trabajo formal sea la regla y no la excepción, y donde disentir del gobierno no signifique ser perseguido.
*Exdirectora del ICBF
El cargo Ser formal, ¡qué castigo! apareció primero en Diario del Cesar.
