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Asfixia financiera a las EPS e IPS
Mientras el Gobierno asfixia financieramente a las EPS e IPS al no girar los recursos necesarios, la reforma a la salud crea el botín perfecto para la corrupción con $6.95 billones destinados a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).
Bajo el disfraz de mejorar el acceso, estos centros se convierten en la nueva caja registradora del clientelismo, donde los sobrecostos y la contratación a dedo son la norma. No es salud, es negocio: los mismos que hoy bloquean los pagos a hospitales y clínicas, mañana manejarán los contratos millonarios.
El colapso del sistema de salud
El sistema de salud está siendo destruido desde su columna vertebral. Las EPS, encargadas de garantizar la prestación de los servicios médicos, están al borde del colapso financiero porque el Gobierno no les transfiere los recursos que les corresponden.
Las clínicas y hospitales, sin recibir los pagos, han entrado en crisis, viéndose obligados a cerrar servicios, despedir personal y restringir la atención a los pacientes. Miles de colombianos enfrentan retrasos en sus tratamientos y medicamentos, el presidente Gustavo Petro y su familia hace uso de una de las clínicas más costosas y avanzadas como la Fundación Santa Fe en Bogotá.
Más que una crisis, esto es un plan deliberado para hacer colapsar el sistema actual y justificar su reemplazo por un modelo centralizado, manejado políticamente y sin garantías de sostenibilidad.
Disputa con la Corte Constitucional por la UPC
El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis marcada por la disputa, patrocinada por Gustavo Petro, entre el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, y la Honorable Corte Constitucional.
En el centro del debate está la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), el monto que el Estado transfiere a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado. La Corte Constitucional ha determinado que el cálculo de la UPC es insuficiente para cubrir los costos reales de la atención médica y ha ordenado al Gobierno corregirlo.
A pesar de lo anterior, donde el gobierno no ha honrado la actualización de la UPC, pretende con la reforma al sistema de salud crear los Centros de Atención Primaria (CAPS), donde se invertirá $6.95 billones de pesos para un gran festín de contratación en manos de funcionarios corruptos, como se está viendo en este gobierno, con el escándalo de giros privilegiantes a 18 IPS por más de $1.1 billones, los cuales habrían beneficiado a personas cercanas al gobierno actual y donde se habla de supuestas comisiones hasta del 7 % sobre los giros desembolsados. ¿Nadie trabajaría gratis?
Antecedentes del conflicto
Desde 2022, EPS, a través de AcemiAcemi, exministros y asociaciones de pacientes han denunciado que la UPC es insuficiente para cubrir los costos del sistema de salud. Argumentan que factores como la inflación y el aumento en la demanda de servicios. Entre otras causas, a raíz de la pandemia, el aumento de la tecnología más costosa en el área de salud y otros factores, no han sido considerados en los montos asignados.
Ante estas quejas, la Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025, ordenó al Ministerio de Salud recalcular la UPC considerando la realidad financiera del sector. La Corte también instruyó la conformación de una mesa técnica con todos los actores del sistema para acordar un nuevo valor de la UPC en un plazo máximo de dos meses.
Datos y cifras de la crisis
Déficit financiero de las EPS: En 2024, gastaron en promedio 109 pesos por cada 100 recibidos. La Nueva EPS, la más grande del país, alcanzó 118 pesos por cada 100 recibidos.
Incremento insuficiente de la UPC: Mientras expertos sugerían un aumento del 16,9%, el Ministerio aprobó solo 5,36%.
Deudas acumuladas: Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, las EPS aumentaron su deuda en 2,1 billones de pesos, alcanzando 18,9 billones de pesos.
Luchas de Acemi y asociaciones de pacientes
Bajo la dirección de Ana María Vesga Gaviria, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi)) ha advertido en numerosas ocasiones y de manera técnica, es decir con hechos y datos, que la falta de recursos está haciendo colapsar la sostenibilidad financiera del sistema.
ACEMI aboga por ajustes específicos en el modelo actual de salud que incluyan una actualización adecuada de la UPC, claridad en los roles de los actores del sistema, fortalecimiento de la atención primaria sin comprometer otros niveles de atención y la implementación de medidas urgentes para garantizar el financiamiento adecuado del sistema de salud en Colombia.
Oposición del ministro de Salud
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha intentado, para ganar tiempo y agudizar la crisis, justificar su negativa para el cumplimiento de la sentencia con varios argumentos irracionales e irrespetuosos ante la Corte Constitucional, para seguir asfixiando a las entidades de salud y por ahí derecho generando, en no pocos casos, situaciones críticas que podrían ocasionar para los pacientes desenlaces fatales. ¿Se podrán tipificar como crímenes de lesa humanidad, por su sistematicidad? Este es el mayor y verdadero honor de Gustavo Petro y su gobierno a su lema como “Potencia Mundial de la Muerte y no de la vida”.
Los temas expuestos por el ministro sepulturero de la salud en Colombia: Falta de sustento técnico en la decisión de la Corte. Violación al debido proceso. Inviabilidad de las órdenes judiciales. Cuestionamiento de la competencia de la Corte.
Los victimarios
El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, el médico, qué contrasentido, Guillermo Alfonso Jaramillo, parecen más victimarios de guerra que sanadores del sistema, en lugar de mejorarlo y salvarlo, lo están dejando desangrar en la mesa de operaciones, mientras los pacientes, impotentes, pagan la cuenta de un ataque mortal a su salud, disfrazado de reforma.
Del mismo autor: El aturdimiento mental petrista, entre el delirio y la sumisión
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