Lo que está pasando en Colombia, en lo que respecta a servicios de salud, atención médica y suministro de medicamentos, es sencillamente inhumano. En lo que toca con las recetas médicas, el país ha podido ver por televisión y redes -y lo hemos comprobado de manera directa- filas interminables de personas -muchas de la tercera edad y enfermos graves, en peligro de muerte- citadas a turnos para la entrega de los medicamentos que requieren, finalmente devueltas -tras muchas horas de espera- sin recibir lo que necesitan para la atención de sus dolencias.
La situación -hay que decirlo- no es nueva. Se ha presentado en años anteriores, bajo distintos gobiernos, y el sistema vigente ha presentado fallas protuberantes desde su iniciación, a partir de la Ley 100 de 1993, como se advirtió en sentencias de la Corte Constitucional y como lo demuestra también el reiterado uso de la acción de tutela, que en multitud de ocasiones ha servido para la protección oportuna y eficaz del derecho a la salud. Los proyectos de ley sobre actualización y modificación del confuso sistema existente -elaborados por la actual administración- han sido “hundidos”, sin debate alguno, sin discusión, sin razones ni trámites, como también ocurrió con la reforma laboral. Todo, dentro de la polarización política existente.
El Gobierno, por conducto del presidente de la República, del ministro de Salud y de la Superintendente de Salud, ha sostenido que ha habido corrupción y desvío de recursos hacia finalidades distintas a la salud, por parte de varias entidades prestadoras de tales servicios. Lo último que se ha descubierto, según informa la Superintendencia, es inconcebible: algunas entidades acaparan los medicamentos, citan a los usuarios, los hacen esperar por horas y no se los entregan.
El Gobierno, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y sus funcionarios, en ejercicio de sus cargos y de acuerdo con los mandatos constitucionales, deben actuar e impedir que estos dolorosos acontecimientos, que carecen de justificación, se sigan presentando. Si no lo hacen y permiten que la salud y la vida de muchas personas dependan de la caprichosa voluntad de las entidades privadas, incurren en inexplicable omisión y, contra los postulados del Estado Social de Derecho, están dejando desprotegida a la población.
El artículo 49 de la Constitución señala a la salud como derecho fundamental y como un servicio público a cargo del Estado. Y garantiza “a todas las personas” el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios, conforme a principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.
Dispone que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención, con participación de la comunidad. La atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Si la salud es derecho humano y servicio público, no es negocio, como algunos lo entienden. Y afectarla, como se viene afectando -según denuncia la Superintendencia- es una conducta criminal.
Lo que está pasando ofende la dignidad humana y rompe el Estado Social de Derecho.
*Exmagistrado*Profesor universitario
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