A un año del próximo debate electoral donde se elegirá Congreso y presidente de la República, el país se transforma en un escenario de debate político por todas sus latitudes. Ese es el propósito democrático, el debate, la participación ciudadana, la representación popular. Sin embargo, a veces ese propósito se empaña, como está sucediendo en Colombia.
La Constitución colombina prohíbe la reelección del presidente y en nuestro sentir, así debe ser. Democracia es alternación en el poder; no está bien que alguien permanezca mucho tiempo en el poder; el ejercicio del poder corrompe y tienta a su utilización para perpetuarse en él.
Una razón adicional para que no haya reelección presidencial, es precisamente para que el presidente en ejercicio se concentre en sus tareas gubernamentales y no se distraiga haciendo política para mantenerse en el poder. Otra razón de peso es precisamente para no romper el equilibrio que debe presentarse entre los diferentes candidatos, que esperan participar en igualdad de condiciones. Un Presidente en campaña, con todos los recursos del Estado, comunicaciones, presupuesto, contratación, se torna en un contrincante apabullador frente a los demás, con el privilegio de tener todo el poder a su favor.
También por todo ello, los funcionarios públicos no deben participar en política. La participación en procesos electorales de los funcionarios públicos es una desviación de su labor misional y es duramente sancionada por el sistema jurídico encargado de controlar el poder en un Estado de Derecho. Como no hay reelección del presidente, el propósito es que su partido “progresista” siga en el poder y encuentre un candidato también “progresista” para lograr este propósito y así se ha anunciado.
Está bien que desde el Gobierno en el ocaso se tenga esa ilusión de futuro, pero de allí a pasar a utilizar el poder, el presupuesto, la contratación, etc. para lograrlo, hay todo un abismo democrático, constitucional y legal que se interpone. Son varias las actuaciones que hemos venido contemplando en el actual Gobierno y muchas de ellas, revelan ese propósito de perpetuar al partido de gobierno en el poder.
Comencemos con la tal “consulta popular”, en los extintores del Gobierno, a la que no vemos objetivo distinto que atizar la movilización política popular con mira a las próximas elecciones.
Pero allí no se quedan las cosas. El llamado “empleo militante” que desde agosto del 2022 se viene dando y que ya suma un millón ochocientos mil empleos, que comprometen la cantidad de 59, 4 billones del presupuesto público, enganchados por la figura de contrato por prestación de servicios, muchos de ellos duplicando funciones, y con propósitos de ganar favoritismo político, se convierten en un instrumento de agitación política permanente en favor del partido de gobierno. El abuso en la utilización de los medios de comunicación, también contribuye en gran medida, a desequilibrar el juego democrático.
Esperemos que los organismos de control actúen con prontitud y energía para controlar ese poder desmedido y ávido de mantenerse a toda costa, a fin de preservar nuestra democracia
*Exmagistrado
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