La lista es larga. Por ahora 60 congresistas están en investigación en la Corte Suprema por su presunta participación en hechos de corrupción, algunos muy sonados como las Marionetas, el entramado en Invías para redireccionar contratos y el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Como se sabe, por este último caso fueron capturados esta semana los expresidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido supuestamente del Gobierno millonarios dineros para favorecer la aprobación de las reformas.
ROBO EN LA UNGRD
La iniciativa del Gobierno para llevar agua a La Guajira por la sequía extrema por el fenómeno del Niño, que se vivió con mayor fuerza en los últimos meses del 2023, fue aprovechada en la Ungrd, por un lado, por funcionarios para apropiarse de recursos públicos de la contratación que se hizo, como la compra de 40 carrotanques; y por el otro, para entregar contratos y dineros a algunos congresistas con el fin de que apoyaran la aprobación de las reformas sociales del gobierno.
Así lo testificaron ante la Fiscalía el exdirector de esta entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Esneyder Pinilla, quienes admitieron que se apropiaron de recursos públicos de la contratación para La Guajira. El primero está a la espera de recibir condena y el segundo se convirtió en el primer condenado, a 5 años y 8 meses de prisión.
López sostuvo que en una reunión en noviembre 2023 en la Casa de Nariño, recibió instrucciones de algunos ministros y altos funcionarios para entregar dinero y contratos a algunos congresistas.
En tanto que Pinilla aseguró que el entonces presidente del Senado, Iván Name, recibió $3.000 millones y el por esos días presidente de la Cámara, Andrés Calle, $1.000 millones. Los parlamentarios deben afrontar en prisión la investigación abierta el pasado 5 de noviembre por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, tras su captura el pasado miércoles. La Corte indicó que “los congresistas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el Legislativo”.
Con base en la declaración de Olmedo López y de María Benavides, quien fue asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la Corte dio apertura el 12 de noviembre anterior a una investigación formal a cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio.
La decisión cobijó a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.
Los parlamentarios hacían parte de la Comisión de Crédito Público en la que supuestamente el Gobierno les ofreció tres contratos por más de $92.000 millones para obtener el aval y poder solicitar empréstitos a cargo de la nación.
Un octavo congresista sumó la Corte a este caso. El pasado primero de abril abrió indagación a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, pues Olmedo López asegura que lo visitó en la Ungrd con unos contratistas y le pidió que los contratara.
LAS MARIONETAS
Con este nombre se conoce el entramado de corrupción que según la Fiscalía armaron congresistas, alcaldes y contratistas para redireccionar contratación pública en varios departamentos.
El primer condenado fue el exsenador Mario Castaño, quien según las investigaciones era el líder de la red de corrupción. Tras aceptar cargos fue condenado por la Corte a 15 años de prisión. El 18 de noviembre de 2023 se conoció que falleció en la cárcel La Picota, aparentemente por un ataque cardíaco.
En tanto que a mediados de diciembre del 2023 fue capturado el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático.
Además, otros parlamentarios están en la compulsa de copias que la Fiscalía envió el año 2023 a la Corte, en donde pone de presente la ocurrencia de los presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, el Alto Tribunal no ha encontrado méritos hasta el momento para abrir una indagación. Ellos son Juan Merheg, Carlos Jiménez, Juan Lemos, Carlos Motoa y Miguel Ángel Barreto, quienes negaron enfáticamente alguna relación con este caso.
La Sala de Instrucción de la Corte ordenó el pasado viernes la libertad del senador Ciro Ramírez Cortés, al tener en cuenta que cumplió 12 meses de privación de la libertad y que fue ya superada la etapa del proceso en que era necesario prevenir que eventualmente obstruyera la justicia.
Se conoció ayer que Ramírez pidió al Senado ser reintegrado a la curul que ocupaba.
LOS DEL PACTO HISTÓRICO
La Corte inició indagación a finales de abril del año pasado a los senadores del Pacto Histórico por las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña en los comicios de marzo del 2022.
La investigación busca establecer si a esta campaña ingresaron recursos de la polémica firma Daily Cop, señalada de estafar a miles de personas con inversiones en criptomonedas, pues Ómar Hernández, cerebro de la misma, declaró al Consejo Nacional Electoral que facilitaron un avión para los desplazamientos del candidato Petro y otros integrantes de la campaña.
Dicha indagación cobija a los senadores de esa lista que se mantienen en su curul, pues Gustavo Bolívar renunció y a otros como Alexander López el Consejo de Estado les anuló la elección.
Están a la espera de que suceda con esta indagación los senadores María Pizarro Rodríguez, Aída Avella Esquivel, Martha Peralta Epieyu, Iván Cepeda Castro, Pedro Flórez Porras, Isabel Zuleta López, Alex Flórez Hernández, Clara López Obregón, Robert Daza Guevara, Yuly Hernández Silva, Wilson Arias Castillo, Gloria Flórez Schneider, Sandra Jaimes Cruz, Paulino Riascos y Jael Quiroga Carrillo.
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