Este no es un país normal. Si lo fuera el escándalo de esta semana sería monumental y los medios de comunicación, las redes y la oposición estarían encendidas pidiendo la renuncia de Petro y su salida del gobierno. Y el presidente se habría ido. Pero nada de eso ocurre.
La decisión de la Corte Suprema de ordenar la captura los expresidentes del Senado y la Cámara por “aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas [del gobierno en el Congreso]” es la confirmación por parte del más alto tribunal de lo que ya se sabía: que ministros y otros altos funcionarios de Presidencia ordenaron usar dineros del Estado para comprar a los congresistas, que para eso se saqueó la UNGRD y que el objetivo fue facilitar el trámite de los proyectos gubernamentales en el Parlamento.
No es, ciertamente, el primero de los escándalos de Petro. Ahí están, entre otros; la confesión de su primogénito de que se financiaron ilegalmente y que él mismo se apropió parte de los recursos recibidos; el pacto del hermano de Petro con los bandidos en las cárceles que, según afirmó, fue lo que les permitió ganar las elecciones; la amenaza de Benedetti de abrir la boca para contar quienes son los innombrables que habrían entregado 15.000 millones para la elección de Petro y que los llevaría a todos a la cárcel; la violación de topes en la campaña con dineros de la USO y Fecode, el uso de la narcoavioneta, las contribuciones de los lavadores de dinero y estafadores de Daily Cop y sus criptomonedas, los aportes mafiosos del Hombre Malboro y de Sobrino, y un largo etcétera que demuestra que Petro ganó con trampa y violando la ley y el código penal; las maletas de dinero de desconocido origen hurtadas a Sarabia, las chuzadas ilegales y el uso no autorizado del polígrafo a su empleada y su niñera y el “suicidio” del coronel Dávila; los aportes del gran capo del contrabando Papá Pitufo vía Xavier Vendrell y el nombramiento de sus fichas en la DIAN de la mano de, entre otros, el mismo hermano presidencial y algún ministro; los 180.000 millones en contratos vía Fenoge a Euclides Torres, otro protagonista de la financiación irregular; las acusaciones de su excanciller y de su actual MinInterior de que es drogadicto; los desfalcos en MinDeportes, el Invías, la SAE, Hocol, las EPS intervenidas y un largo etcétera; los apartamentos de Roa, la contratación de Ecopetrol y su cuasiquiebra; el madrazo al actual presidente del Senado, las presiones a las altas cortes y el desconocimiento de la independencia y autonomía de las otras ramas del poder público; etc.
Como sea, la compra de los congresistas es el peor de todos los escándalos. Por los cargos de los sobornados, por el propósito, por el origen de los recursos, por quienes los ordenaron (un MinInterior y dos MinHacienda con certeza, con probabilidad de que también estén involucrados una de Trabajo y el de Salud, el director de Presidencia y el de la Función Pública).
Petro tiene, sin duda, una ineludible responsabilidad política. Por la designación de sus funcionarios y porque varios de ellos son sus íntimos amigos y excompañeros del M19. Porque el fin de la operación delincuencial lo tiene como su único beneficiario político. Pero además porque no es creíble que tal concierto para delinquir, con semejantes involucrados y el monto del saqueo y de los sobornos, se hubiera llevado a cabo sin el conocimiento y la autorización de él mismo. Es imposible que tantos ministros y altos funcionarios complotaran con semejante propósito, con reuniones en la misma Casa de Nariño, sin que su jefe supiera y los autorizara.
En otros países, repito, casi cualquiera de esos escándalos hubiera llevado a la renuncia del jefe de gobierno. Y, sin duda, a procesos judiciales. Acá no pasa nada en la Comisión de Acusaciones, tampoco se activa un juicio por indignidad y ni siquiera lo exigen los congresistas de la oposición. Y la Fiscal de Petro protege a los más altos funcionarios.
Hay un déficit grave en la ética pública, un letargo en la opinión que pareciera acostumbrada a la sucesión de escándalos sin fin, una flojedad inaceptable de los medios de comunicación, una endeblez desconcertante de la oposición, una evidente fragilidad en la institucionalidad democrática.
*Abogado
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