Denunciar lo que pasa en La Guajira no es hablar mal: es exigir el cambio que su gente merece. El silencio solo perpetúa corrupción y pobreza
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Como cualquier guajiro, solo quisiera hablar maravillas de La Guajira. No existe un solo guajiro que no quiera expresarse positivamente, contar historias de progreso, desarrollo y bienestar del departamento. Nadie desconoce los aspectos positivos de La Guajira: su riqueza cultural, la resiliencia de su gente, sus paisajes únicos, su potencial turístico y energético. Sin embargo, todo se ve opacado por la magnitud de los problemas estructurales que enfrenta el departamento.
La realidad impuesta por gobernantes corruptos y una administración pública deficiente es imposible ignorar los hechos que obstaculizan el desarrollo, como lo sugiere Luis Guillermo Baquero en su reciente artículo ¿Y si habláramos todos en positivo de La Guajira?
Quiero hablar bien de La Guajira, pero silenciar la realidad solo contribuye a perpetuar las condiciones que impiden el progreso. Denunciar no es hablar mal, es el primer paso para construir La Guajira que merecemos. Solo exponiendo las realidades, por dolorosas que sean, podremos generar la presión social necesaria para el cambio.
Por ejemplo, acaba de publicarse un informe devastador de la Contraloría General de la República sobre el manejo de las regalías en la Región Caribe y revela que La Guajira encabeza la lista de hallazgos fiscales con 9 casos que suman $69 mil millones. En dos décadas, La Guajira ha tenido más de una docena de gobernadores destituidos, inhabilitados o condenados por corrupción.
El transporte escolar es un símbolo de cómo el poder político convierte las necesidades de la infancia en un negocio privado. Los pliegos de la licitación se diseñan con tal especificidad que solo un proponente puede cumplirlos para beneficiar a empresas vinculadas con el poder político local, sugiriendo complicidad entre los gobernantes y los contratistas.
El Plan de Alimentación Escolar ha sido otro foco de corrupción, con raciones insuficientes y de mala calidad, sumadas a hallazgos de sobrecostos y operadores negligentes. Solo el 4% de los wayuu en zonas rurales tiene acceso a agua limpia, y los centros médicos especializados son escasos y distantes. La desnutrición infantil sigue siendo una tragedia cotidiana, agravada por la falta de acceso a servicios básicos y la precariedad de la infraestructura hospitalaria.
El liderazgo social también ha sido cooptado por intereses particulares que, lejos de exigir transparencia y soluciones reales, han hecho del activismo un negocio rentable. El abuso de los bloqueos de vías para exigir prebendas o extorsionar a las autoridades es una práctica que, lejos de ser una herramienta legítima de protesta, afecta gravemente la economía local, el turismo y la movilidad, y en muchos casos está asociada a estrategias de presión de grupos criminales o intereses particulares.
La manipulación de cifras en las escuelas etnoeducativas es otro problema estructural. Algunos rectores reportan más alumnos de los que realmente asisten, aparentando cobertura para asegurar recursos, distorsionando la realidad educativa y desviando fondos.
Analizando las cifras de pobreza se oscurece más el panorama. Según el último informe del DANE publicado el pasado 22 de abril, la incidencia de pobreza multidimensional en La Guajira supera el 39% en 2024, triplicando el promedio nacional y manteniendo al departamento como el segundo con mayor pobreza multidimensional en Colombia.
Las instituciones de control y judiciales tampoco funcionan adecuadamente. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia ha encontrado que la Fiscalía de La Guajira opera con tal ineficiencia que los procesos terminan prescribiendo, garantizando la impunidad de quienes saquean los recursos públicos.
¿Cómo puedo hablar positivamente cuando los recursos públicos, que deberían mejorar la calidad de vida, desaparecen sin dejar beneficios tangibles?
Iniciativas como la Mesa de Unidad de Diálogo de La Guajira y la Corporación La Guajira Post Carbón, aunque bien intencionadas, se quedan en el plano teórico.
No se trata de no querer hablar bien, sino de la imposibilidad de obviar realidades que afectan directamente la calidad de vida de los guajiros. Cuando los hallazgos fiscales se traduzcan en viviendas, escuelas, hospitales y oportunidades para los guajiros; cuando los niños indígenas no tengan que caminar horas bajo el sol para acceder a la educación; cuando el agua potable llegue a todas las comunidades; entonces, y solo entonces, todos podremos hablar exclusivamente en positivo sobre La Guajira.
Mientras tanto, hay que señalar lo que está mal para intentar corregirlo, porque el silencio cómplice jamás ha sido el camino del progreso. Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”
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