el intocable del Partido Verde

Así como fueron expulsados Iván Name y Sandra Ortiz, el copresidente de Alianza Verde sigue sosteniendo al exdirector del DAPRE, enredado en el escándalo de la UNGRD

Ante el escándalo por corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la dirección del partido Verde anunció, mediante un comunicado, la suspensión inmediata de las credenciales de militantes de Name y Ortiz. Sin embargo, la postura de los copresidentes de la colectividad, Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero, ha sido notoriamente ambigua frente a Carlos Ramón González —exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro—. Aunque la Fiscalía General lo citó para imputación de cargos, el partido aún no se pronuncia al respecto.

La historia que conecta a Name, Ortiz y González es la de una compleja red de poder e influencias en el corazón del actual escándalo político. Iván Name, expresidente del Senado, fue capturado por orden de la Corte Suprema, señalado de recibir 3.000 millones de pesos de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, a cambio de apoyar las reformas del Gobierno en el Congreso. Ortiz, por su parte, declaró que actuó bajo las instrucciones de González, entonces una figura clave en la Casa de Nariño, quien habría tenido conocimiento —y posiblemente dirección— de estos pagos irregulares.

Los tres, según las investigaciones, habrían participado en una operación para asegurar respaldo político mediante actos de corrupción, comprometiendo así la legitimidad de las reformas gubernamentales y socavando la confianza en las instituciones.

Mientras Ortiz permanece en una guarnición militar y Name fue trasladado al pabellón ERE de la cárcel La Picota, ambos también quedaron por fuera de su partido. La colectividad afirmó que “no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia”, y que no será cómplice de quienes traicionan los principios éticos que dice defender.

Sin embargo, el compromiso del partido parece selectivo. Aunque la Corte Suprema ha recopilado abundante evidencia contra González, la colectividad no ha emitido pronunciamiento alguno sobre él. Su silencio contrasta con las declaraciones de exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes aseguran que González coordinó reuniones con altos funcionarios para pactar la entrega de 4.000 millones a congresistas, con el fin de asegurar votos a favor de las reformas del Gobierno. Esto llevó a su retiro del Gobierno.

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En medio de este panorama, al menos una voz dentro del partido ha pedido coherencia. Se trata del representante a la Cámara por Santander, Cristian Danilo Avendaño Fino, quien radicó una queja disciplinaria ante el Consejo de Control Ético del Partido Verde solicitando la expulsión de Carlos Ramón González.

El mutismo de la dirigencia del partido respecto a González contrasta con el actuar del representante Avendaño, quien sí decidió dar un paso al frente. ¿Qué tanto poder conserva aún González dentro del Partido Verde luego de ser su director casi que desde su fundación? ¿Hay temor a una fractura interna o simplemente están esperando a que la justicia tome la delantera?

Más allá de los nombres, lo que está en juego es la credibilidad de un proyecto político que nació con la promesa de renovar la política tradicional y combatir la corrupción. Hoy, ese mismo partido se enfrenta a su propio espejo.

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