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El contrabando de cigarrillos y productos de nicotina se ha convertido en una amenaza crítica para las finanzas públicas, la seguridad nacional y la salud en Colombia. Lejos de ser un delito menor, el contrabando de cigarrillos es una fuente directa de financiación de grupos al margen de la ley entre ellos las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Así lo han evidenciado las autoridades en las incautaciones e investigaciones realizadas en puertos y fronteras, y en otras zonas donde estos grupos criminales ejercen control territorial a través de la extorsión y el monopolio de las rentas ilegales.
Desde StrategosBIP y como Coordinador de la Estrategia Triángulos, un mecanismo de cooperación público privado, con operación en Latinoamérica y el Caribe, orientado a prevenir y atacar el comercio ilícito y el crimen organizado, hemos identificado que cada año ingresan a Colombia aproximadamente 420 contenedores de cigarrillos ilegales, generando utilidades cercanas a los 250 millones de dólares para las mafias del contrabando y las redes de corrupción. El tráfico ilícto de todo tipo de productos funciona como un canal eficaz para el blanqueo de capitales especialmente del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de humanos y la extorsión, asñi lo corroboran estudios de Interpol y Europol. A través de estos recursos, los grupos criminales logran expandir su presencia territorial, fortalecer sus redes y diversificar sus operaciones ilegales, buscando además apoderarse de la cadena de comercio internacional para fortalecer la exportación de cocaína y el contrabando.
El principal motor del contrabando de cigarrillos es la brecha de precios, por ejemplo, el cigarrillo ilegal cuesta menos de la mitad que el legal debido a una elevada carga impositiva. Casos como el de Ecuador son muestra de esto. La agresiva política fiscal de este país ha llevado a que en 2023 el contrabando de cigarrillos alcanzara el 84% con pérdidas fiscales de 1.600 millones de dólares. El gobierno ecuatoriano pasó de recaudar 182 millones de dólares por impuesto a los cigarrillos a solo alcanzar 58 millones en 2024.
En Colombia ha pasado lo mismo, la reforma tributaria de 2016, que triplicó el impuesto al cigarrillo, hizo que el contrabando pasara del 13% al 25% en solo dos años, afectando significativamente al mercado formalmente constituido. En mi experiencia, como Director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), recibí la entidad estrenando una nueva ley tributaria donde se incrementó de forma importante el impuesto al cigarrillo, e independientemente de haber desarticulado más de 30 estructuras criminales, el contrabando de cigarrillos aumentó.
Estas lecciones aprendidas corroboran que el exceso de regulación trae serios problemas. Lo vemos en la frontera Colombia – Ecuador, con el diferencial de precios, en donde es más rentable traficar con una paca de cigarrillos, que con un kilo de cocaína. Hoy los cigarrillos son más rentables, el riesgo es menor, el costo es menor y la utilidad es mayor. Investigaciones de la Armada Nacional y la Policía arrojan iguales indicadores.
Es necesario entonces disponer de una política fiscal equilibrada y fundamentada en la evidencia y que logre desincentivar el consumo ilegal, sin asfixiar a la industria formal. Ignorar las advertencias y desestimar las lecciones que podemos aprender de nuestra regulación actual y de otros países, equivale a repetir errores que ya han demostrado ser costosos. Persistir en una regulación antitécnica tendría consecuencias graves: un mayor riesgo para los consumidores, el debilitamiento de las finanzas públicas, el fortalecimiento del crimen organizado, y el progresivo deterioro del sector legal y formal de la economía.
De nada va a servir si capturamos a Pitufo, al Bendecido y a las grandes cabezas del contrabando, si no hay una regulación apropiada. Con una regulación que amplía la brecha de precios exponencialmente entre lo legal y lo ilegal, difícilmente podremos quitarles ese negocio a las mafias del contrabando. E ahí la importancia de la ponderación en esta clase de medidas.
Actualmente, el Congreso de la República tramita un proyecto de ley que propone un incremento del 106% al impuesto del cigarrillo y nuevos tributos elevados para vapeadores que incrementan su precio de venta al público en un 60%. Lejos de desincentivar el consumo y formalizar un mercado, como está planteada la medida, se generan incentivos para que el consumo migre hacia productos ilícitos que evaden impuestos, fortaleciendo así a las estructuras criminales que operan en el país.
En 2024, el mercado ilegal de cigarrillos alcanzó un 36% de participación, su nivel más alto desde 2011, generando pérdidas fiscales superiores a los 4 billones desde 2020 y más de 1 billón solo en 2024. Según un estudio para Fedesarrollo (2024), los departamentos son los principales afectados por la pérdida en el recaudo, la cual representa cerca del 13% de los ingresos tributarios totales. De hecho, un estudio de la Universidad de los Andes (2021) establece que este aumento en el impuesto al cigarrillo incrementaría el contrabando en un 80% en el corto plazo. De esta manera será dificil derrotar a la hidra de mil cabezas.
Del mismo autor: Los “confites” de Papá Pitufo
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