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La Constitución Política es el texto que nos une como Nación. Es el documento que recoge los principios que nos definen, nos dan forma y nos justifican como colombianos.
En ella se dice que Colombia es un Estado Social de Derecho, comprometido con un modelo económico específico: la Economía Social de Mercado, que consideramos el único camino hacia la prosperidad.
Eso significa que, como sociedad, creemos profundamente en las instituciones, en los procedimientos democráticos y en un modelo económico basado en tres pilares:
- Propiedad privada
- Libre empresa
- Libre competencia
Por eso, cuando en el artículo 365 se establece que el Estado puede, en ciertos casos, reservarse para sí una actividad económica y excluir a los particulares, se plantea como una excepción extrema, pensada solo para situaciones muy graves y justificadas.
En otras palabras: no es una herramienta que el Gobierno pueda usar libremente como parte de su gestión normal. No lo es ni lo debe ser. Porque quitarle al sector privado actividades económicas para entregárselas al Estado es exactamente lo que no queremos. Es lo contrario de lo que creemos que le conviene al país.
Los modelos donde el Gobierno planifica toda la economía, controla los medios de producción o decide qué hacer con las ganancias, son lo opuesto a nuestra visión de futuro.
Por eso, si alguna actividad privada va a pasar a manos del Estado, no puede hacerse por ideología ni por conveniencia política. Solo hay dos razones válidas para hacerlo, según lo que en la Constitución se contempla:
- Soberanía nacional
- Interés social muy justificado
Y aun así, esto solo aplica en casos muy específicos: actividades estratégicas o servicios públicos.
Además, en un Estado democrático como el nuestro, una decisión así no se puede tomar por decreto, ni por resoluciones del Gobierno, ni por votación en cabildos, ni siquiera por una ley ordinaria. Solo podría hacerse con una ley especial, aprobada por mayoría absoluta del Congreso, y que además haya sido propuesta directamente por el Gobierno.
Y algo clave: La propiedad privada también es sagrada.
Si se va a estatizar una actividad, no se puede hacer a la fuerza, interviniendo empresas o expropiando sin más. En la ley se exige que se indemnice previa y completamente a los afectados, porque estarían perdiendo su derecho a ejercer una actividad legal.
No es momento para distraernos. No podemos ignorar señales que nos lleven hacia otro modelo, hacia otras creencias. No podemos esperar a reaccionar cuando ya sea tarde.
Por eso, con claridad, unámonos.
Seamos uno solo bajo la bandera del país que nació con la Constitución de 1991.
Defendamos lo que creemos, por nosotros y por quienes vendrán.
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