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Promesas rotas desde La Habana
En 2016, durante los actos solemnes del Acuerdo de Paz de La Habana, el entonces presidente Juan Manuel Santos aseguró al país que las antiguas Farc, convertidas en partido político, tendrían que ganarse sus curules “en las urnas”.
Pero eso nunca ocurrió. En cambio, se les otorgaron 10 asientos automáticos en el Congreso de la República, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, sin necesidad de lograr siquiera el mínimo de votos.
Una votación marginal, un poder total
En las elecciones de 2018, la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) recibió apenas 52.532 votos al Senado (0,34 %) y 31.117 a la Cámara (0,22 %).
No lograron ni una sola curul por vía electoral.
Aun así, ocuparon 10 escaños por mandato del Acuerdo Final.
El símbolo que se volvió poder real
Lo que parecía un gesto simbólico de inclusión política terminó convirtiéndose en un factor real de poder.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, esas curules han sido decisivas en votaciones clave del Congreso, favoreciendo sistemáticamente la agenda oficialista.
Las cifras no mienten: mínima votación, máxima influencia
Ni siquiera los partidos cristianos más pequeños tuvieron una votación tan baja como la FARC. Su respaldo fue residual, incluso inferior al voto en blanco.
Sin embargo, esas 10 curules hoy representan un bloque leal al gobierno Petro, clave para aprobar o bloquear reformas:
En el Plan Nacional de Desarrollo 2023, los 5 senadores de Comunes se sumaron a la mayoría oficialista. En la reforma tributaria 2022, aportaron los votos necesarios en Senado. En la consulta popular sobre la reforma laboral (14 de mayo de 2025), votaron a favor de Petro. Sin ellos, la derrota habría sido mayor. Respaldaron la apelación que permitió revivir la reforma laboral archivada.
Una paradoja democrática: poder sin pueblo
Este fenómeno demuestra cómo el Congreso colombiano puede ser alterado estructuralmente por decisiones tomadas al margen de la voluntad electoral.
El bloque de Comunes, sin respaldo ciudadano, ha influido en decisiones que afectan a millones.
La paradoja democrática es clara: sin pasar por las urnas, legislan como si tuvieran mandato.
Fichas del oficialismo, no de la democracia
Mientras los partidos tradicionales deben negociar, persuadir y rendir cuentas, Comunes actúa como una ficha automática del gobierno.
Su lealtad no responde a consensos democráticos, sino al pacto que los llevó al poder sin escrutinio popular.
Santos prometió urnas, pero entregó poder y prometió más concesiones que reconciliación
El país nunca votó mayoritariamente por las Farc. El plebiscito del 2 de octubre de 2016 fue claro: ganó el NO con el 50,2 %. Aun así, el acuerdo fue refrendado en el Congreso, no en las urnas. Y en 2018, los colombianos reiteraron su rechazo con una votación marginal.
Justicia sin impunidad, pero hubo beneficios jurídicos. Desmovilización total, pero hoy hay disidencias activas. Competencia en igualdad de condiciones, pero entregó curules por decreto.
¿Dónde quedó el espíritu de paz?
Esas curules no han servido para reconciliar, sino para reforzar la agenda ideológica del actual gobierno.
La participación de excombatientes debería haber exigido reglas mínimas de representatividad, no blindajes opacos.
Una democracia torcida por un decreto
Santos impuso las curules como “garantía de paz”. Pero no fue paz con justicia, ni con democracia.
Fue una concesión política a cambio de silencio armado, que hoy otorga poder artificial en el Congreso.
Cinco votos que tuercen la voluntad popular
La democracia se construye con votos, no con pactos entre élites. Las curules automáticas de las FARC no reflejan una representación real, sino un privilegio institucional inmerecido.
Y en un Congreso dividido, cinco votos prestados por la historia son cinco votos que distorsionan la voluntad del pueblo.
El reloj corre: ¿qué viene después del 6 de agosto de 2026?
Las curules de las Farc tienen fecha de caducidad: 6 de agosto de 2026. A menos que logren consolidar una base electoral real, su presencia en el Congreso podría extinguirse sin pena ni gloria. Hasta ahora, no han demostrado fuerza en las urnas, ni tampoco han sido reconocidos por una labor legislativa destacada. Han sido cuestionados por su cercanía automática al oficialismo, y por su incapacidad de representar a las víctimas o a los propios desmovilizados que esperaban más compromiso y resultados. La JEP guarda silencio sobre muchas de sus responsabilidades, y el país aún espera verdad y justicia. El tiempo corre, y con él se agota la legitimidad prestada de quienes no llegaron por votos, pero han decidido como si los tuvieran.
Restaurar la democracia, no blindar privilegios
En Colombia no se puede seguir confundiendo la paz con la impunidad ni la inclusión con el privilegio. Las curules asignadas a las Farc sin respaldo ciudadano son una anomalía democrática que ha tenido efectos reales en el rumbo legislativo del país. Más que un acto de reconciliación, se convirtieron en una herramienta de poder ajena al control ciudadano.
Corregir ese desequilibrio no es revancha: es restaurar el principio básico de que en una democracia el poder se gana con votos, no con pactos a puerta cerrada.
Del mismo autor: La economía en modo Petro: del desastre personal al colapso nacional
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