Una reforma laboral que sube costos y rigidez puede destruir 450.000 empleos, afectando especialmente a pymes, zonas rurales y la competitividad del país
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Colombia necesita mejorar la calidad del empleo, eso no está en discusión. Pero si el camino elegido es una reforma laboral que sube los costos, reduce la flexibilidad y castiga la formalidad, el resultado será el contrario: menos empleo, más informalidad, y un país menos competitivo. Eso es justamente lo que puede ocurrir si se aprueba la reforma laboral que hoy impulsa el Gobierno, y que tiene a muchos sectores productivos en alerta.
El salario mínimo cuesta mucho más de lo que parece
El salario mínimo legal en Colombia para 2025 es de $1.423.500, pero ese valor es solo la base. Cuando una empresa cumple todas sus obligaciones legales (salud, pensión, cesantías, intereses, prima, vacaciones y auxilio de transporte), el costo real por trabajador sube a más de $2.360.000 mensuales.
Es decir: por cada peso que recibe el trabajador, el empleador paga casi dos. Este es un dato clave que se olvida cuando se habla “de derechos” sin mirar la realidad económica de las empresas.
¿Cómo estamos frente a otros países?
Este sobrecosto laboral nos deja en clara desventaja frente a otros países con los que competimos por inversión y mercados:
En México, el costo laboral total por un trabajador en salario mínimo ronda los $1.850.000 COP, y allí sí se permite el pago por horas.
En Perú, el costo total está cerca de $1.600.000 COP y los empleadores cuentan con más flexibilidad para terminar contratos.
En Ecuador, donde la contratación por tareas específicas es legal, el costo total del trabajador con salario básico (SBU) no supera los $1.900.000 COP.
Colombia no solo parte de un salario mínimo alto en relación con su productividad, sino que también impone cargas adicionales que otros países moderan o regulan con más equilibrio.
¿Qué propone la reforma?
Entre otras cosas, plantea:
Recargo nocturno desde las 6:00 p. m. (hoy empieza a las 9:00 p. m.).
Recargo dominical del 100% (hoy es del 75%).
Eliminación de contratos por horas o por obra.
Mayores obstáculos para terminar contratos, incluso con justa causa.
El riesgo real: 450.000 empleos menos
Distintos estudios coinciden en que esta reforma, en su forma actual, provocaría la pérdida de al menos 450.000 empleos formales en Colombia. No se trata de una amenaza política. Es una advertencia técnica.
Y los más golpeados no serán las grandes empresas. Serán las pymes y mipymes, que generan el 85 % del empleo formal del país. Restaurantes, tiendas, peluquerías, talleres, bodegas, empresas de vigilancia, transporte y comercio. Todos ellos quedarían en la cuerda floja.
El golpe al campo: salarios rurales y exportaciones en riesgo
En las zonas rurales, donde los márgenes de ganancia son mínimos, la reforma tendría efectos devastadores. Muchas actividades agrícolas y de exportación —como el café, el banano, las flores, los cítricos o la palma— dependen de esquemas flexibles de contratación por obra, jornada parcial o estacional.
Si estos desaparecen, simplemente no podrán contratar legalmente. Además, al aumentar los costos laborales sin aumentar la productividad, Colombia dejará de ser competitiva frente a otros países de la región.
Esto afectará directamente las exportaciones agrícolas e industriales. ¿Quién va a comprar flores colombianas si las ecuatorianas o kenianas son más baratas por tener costos laborales más sostenibles?
Una reforma mal calculada puede significar menos ventas, menos empleo rural y más pobreza en el campo, que ya tiene suficientes problemas.
¿Y los sindicatos?
Poco se habla de esto, pero vale la pena decirlo claro: solo el 4,6 % de los trabajadores en Colombia está sindicalizado. Y, sin embargo, los sindicatos tienen una influencia enorme en el diseño de esta reforma.
No es un pecado defender los intereses de sus afiliados. Pero sí es grave cuando una minoría impone condiciones que perjudican a millones de trabajadores no sindicalizados.
Además, no se puede ignorar que si suben los ingresos de los trabajadores sindicalizados, también suben las cuotas que recibe el sindicato. Es decir, el sindicato gana más dinero con cada aumento de la nómina, aunque eso implique que se reduzca el número total de empleos.
¿Entonces no hay que reformar?
Sí, Colombia necesita una reforma laboral. Pero debe ser moderna, técnica y equilibrada, donde se puedan quitar rigideces para flexibilizar el mercado laboral y ser más competitivos.
Una reforma que:
Mejore las condiciones laborales sin quebrar a las empresas. Incentive la formalización, en vez de castigarla. Reconozca las diferencias entre una gran empresa urbana y un productor agrícola de zona rural. Y escuche a los millones de trabajadores no afiliados, que no tienen quien los represente.
Una reforma laboral no puede ser diseñada desde el escritorio ni desde la tribuna sindical. Tiene que nacer del diálogo entre todos: trabajadores, empresarios, pequeños empleadores, sectores rurales y expertos. Porque el trabajo digno no empieza con un recargo del 100%, ni con un contrato rígido.
Empieza por tener trabajo. Y mantenerlo. Y si lo que se legisla hace imposible contratar, entonces ya no estamos defendiendo al trabajador: lo estamos dejando sin empleo.
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