La protesta social es un derecho, no un acto delictivo

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán decidió entablar una denuncia penal por los bloqueos en Bogotá, contra el presidente nacional de la CUT, Fabio Arias, autor de esta columna.

Rápidamente se acobardó y de un día para otro le trasladó dicha responsabilidad a la empresa Transmilenio. Las voces de rechazo al entenderla como una acción de autoritarismo y una posición claramente fascista del alcalde, lo obligó a tomar dicha decisión.

Significativo ha sido el hecho, frente al anuncio del alcalde, que la doctora Sandra Borda, quien fuese hasta diciembre del año pasado su Alta Consejera para las Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá y una aprestigiada académica de las universidades de los Andes y la Jorge Tadeo Lozano, de inmediato estableció su rechazo a dicho anuncio, señalando en un trino, X ahora, que»
Legalmente, con el derecho internacional incluso en mente, convocar a una protesta que produzca bloqueos, no es un delito. Ojalá no vayamos a empezar a andar el camino de criminalizar la protesta de esta forma. El vandalismo es delito, pero a eso no se convocó.» y para ello sostiene que el sistema interamicano de derechos humanos así lo establece, sabiéndose que hacemos parte de él.

Esta actuación de la alcaldía Bogotá en concurrencia con Transmilenio tiene como objetivo central castigar al movimiento social, en este caso particular a la CUT y a su presidente, para de contera pegarle a todo el movimiento social.

Esta ha sido la constante que ha mantenido la oligarquía colombiana frente a la protesta social, criminalizarla, puesto que en ella está centrada la posibilidad de que los sectores populares encuentren mediante su movilización social poder modificar la actual situación económica, política y social del país para buscar elementos de transformaciones y cambios.

Eso fue lo que vivimos tanto en el paro nacional del 21 de noviembre del 2019 como en el estallido social del 28 de abril del 2021. Un pueblo reclamando la recuperación de derechos, introduciendo transformaciones y cambios para combatir la pobreza y la desigualdad, que inmediatamente choca con los privilegios que históricamente ha conseguido la oligarquía especialmente en los últimos 33 años de aplicación del modelo neoliberal y las medidas de  los gobiernos proempresariales.

De manera represiva y violenta actuó el gobierno de Iván Duque contra la movilización social en el período ya señalado. En el estallido social costó la vida de 86 manifestantes y 100 jóvenes perdieron uno de sus ojos, además de múltiples heridos y detenidos, constatados todos ellos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH- que vino a Colombia a petición del Comité Nacional de Paro y en la cual estableció de manera contundente que los bloqueos o como se denomina en el argot Internacional tanto de el sistema interamericano de derechos humanos como de la OIT, corte de vías, son expresiones propias de la protesta social y que mientras ellas no deriven ni en vandalismo, ni en violencia son completamente lícitas y legítimas y no pueden ser por entonces tratadas como un problema de orden público o con acciones de tipo violento.

En ese mismo informe la CIDH estableció que por lo menos al momento en que ellos visitaron Colombia entre los días 7 y 8 de junio de 2021, 21 de los manifestantes que perdieron su vida estaban vinculados a acciones violentas de la policía en ese momento,  lo cual condenó y señaló como una violación grave de los derechos humanos y violación grave del derecho a la protesta social.

Señaló la CIDH en ese momento que los bloqueos  pueden terminar afectando la movilidad de todo tipo de transporte y de personas y que mientras el bloqueo no ponga en serio riesgo la salud y la vida de la población, no es  ilegal. 

Varias sentencias de la Corte Constitucional sobre este mismo tema han indicado la viabilidad de dichos bloqueos. Sentencias C-742 de 2012,
C-009 de 2018, C-223 de 2017. En este mismo sentido hay diversas directrices de la Fiscalía.

En conclusión dicha denuncia penal no tiene otro objeto distinto sino de buscar cómo intimidar al grueso de la población que participa en estas expresiones de la protesta social, a que no se metan ni participen absolutamente de ella, es decir, a criminalizar la protesta social y a impedir a toda costa mediante la intimidación, de que se pueda participar en la protesta social, de manera legítima y en condiciones pacíficas en el marco civilista y democrático con la cual las han convocado siempre las centrales obreras y las demás organizaciones sociales participantes de la Cumbre social y política que convocó al paro nacional del 28 y 29 de mayo.

La CUT y Fabio Arias responderán ante dichos estrados judiciales no sin dejar de señalar que la actitud del alcalde Galán está en el marco de la dictaduras y no de la democracia y que por consiguiente no se deja de señalar que es una postura completamente fascista. La línea divisoria entre la democracia y el fascismo está en qué carácter se le da a la protesta social, si la trata como un derecho y la garantiza o por el contrario la convierte en un delito y la criminaliza.

La protesta social civilista, democrática y pacífica es un derecho fundamental. Es un derecho de los pueblos ante la injusticia y la desigualdad. No es un delito.

El pueblo y sus líderes sociales no son delincuentes. Son luchadores por mejorar las condiciones materiales y espirituales de vida del pueblo y la clase trabajadora.
Luchan por la consulta popular y las reformas sociales del cambio del gobierno de Gustavo Petro para recuperar derechos que ésta oligarquía de Galán y los grandes empresarios como los de Transmilenio nos han arrebatado.

La protesta social no es un delito. Gracias a ella hemos logrado mejorar en derechos y en condiciones laborales y sociales.

No renunciarán a ella el pueblo y sus organizaciones sociales y la defenderán de las posiciones fascistas que la criminalizan.

Posdata: el próximo 11 de junio se realizará las caravanas hacia las capitales de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá para reclamar una reforma laboral que recupere derechos y la consulta popular.

X: fabioariascut