El oscuro pleito por el terreno en Barú donde funciona la planta procesadora de gas SPEC

A finales del 2016 se ancló en las costas de la isla de Barú en el Caribe un gran barco proveniente del astillero de Hyundai en Corea que transportaba algo que no se había visto hasta entonces en Colombia: gas natural licuado (GNL). Este sería recibido en la primera terminal regasificadora del país construida por la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC).

Esta contaba con un contrato de concesión por 20 años otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura que le permitía recibir, almacenar y procesar el gas natural licuado importado para ser utilizado por 3 generadoras térmicas de la Costa Atlántica, para generar energía eléctrica.

 Una vez surtidos los acuerdos de consulta previa con las comunidades del área de influencia y las obras de construcción, la terminal fue inaugurada el 3 de diciembre del 2016 y constituyó un hito que alejaba al país de la amenaza de crisis energéticas como la de 1992 que condujo a un apagón generalizado en el gobierno Gaviria, en cuanto garantizaba el suministro permanente de gas para asegurar el funcionamiento de las plantas térmicas de gran capacidad.

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Desde entonces SPEC ha operado durante casi una década sin contra tiempo alguno, un servicio clave en tanto el país acusa una escasez de gas y debe acudir a las importaciones.

La pretensión de unos particulares a la que la Fiscal 17 de Cartagena le hizo eco

La sorpresa fue total cuando el pasado 9 de octubre del 2024 llegó a las instalaciones de la Sociedad Portuaria El Cayao un oficio procedente de la Fiscalía 17 Seccional Cartagena en cabeza de la funcionaria Ruth Elena Carrascal que indicaba que el predio donde funciona la regasificadora era objeto de un embargo especial en un proceso penal cuyo origen se desconocía. La decisión había sido adoptada desde el 18 de septiembre del 2024, pero ninguna de las partes involucradas había recibido notificación de la existencia del trámite que ya ajustaba varios años.

La actuación de la Fiscal no resultaba muy comprensible ni parecía tener justificación legal alguna a la luz de la tradición del terreno donde opera la terminal regasificadora SPEC desde el 2016, pues las discusiones sobre la propiedad habían sido previamente atendidas por la justicia civil y estaba clara la titularidad del inmueble. Ya en una decisión de la Fiscalía Destacada ante la Dirección Nacional de Fiscalías en el radicado 008, de fecha agosto 16 de 2.000, el Fiscal del caso había indicado que ya toda discusión jurídica sobre el predio había sido atendida en los despachos penales y civiles. (Ver imagen insertada).

 La historia del predio de la regasificadora en la isla Barú

En 2013, un grupo de generadoras térmicas en coordinación con el Gobierno abrió la licitación para poner en marcha la primera terminal regasificadora de Colombia que sería en la Costa Atlántica.  Concursaron dos empresas: Promigas, en alianza con otros socios, entre ellos un fondo chileno y la petrolera Pacific Rubiales presidida por el venezolano Francisco Arata quien se retiró en ese mismo año cuando ya se advertía el declive empresarial de la petrolera.

La propuesta ganadora fue la de Promigas cuyo socio actual es la empresa neerlandesa Vopak (empresa con amplia experiencia internacional en almacenamiento de productos líquidos), y a partir de ese momento se iniciaron las gestiones de consulta previa con las comunidades y luego, en 2015, una vez ANLA dio la autorización ambiental y se firmó el contrato de concesión, se inició la construcción de esta regasificadora. 

El  predio en cuestión, ubicado en la isla de Barú había sido adquirido en 2012 a la que en ese entonces se denominaba Inversiones y Construcciones El Cayao,  del constructor bogotano Carlos Schrader Fajardo, fundador y socio de la reconocida firma de construcción que recién cumplió 60 años de existencia Schrader & Camacho.

El predio había sido adquirido por Schrader al señor Blas Morales, nativo de la isla de Barú el 20 de Diciembre de 1977 y la venta fue firmada a petición del interesado por Ignacio Morales, uno de sus hijos quien así lo declaró cuando fue requerido judicialmente sobre ese hecho. Desde entonces hay casada una vieja disputa familiar entre los hermanos que no participaron en la compra-venta quienes reclaman titularidad sobre un predio vendido hace cinco décadas.

En 1999 realizaron el primer intento por invalidar la actuación notarial y hacerse al predio. Fracasaron y las acciones tanto penales como civiles prescribieron. No obstante diez y nueve años después retomaron el pleito y el 22 de agosto de 2018 el embate jurídico lo lideró Decenia Morales y tres familiares más quienes presentaron una denuncia penal a través del Señor Roberto Artuz Rua en la Fiscalía Seccional de Cartagena contra Carlos Schrader e Ignacio Morales como presuntos responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos con el fin de invalidar la compra-venta realizada 26 años atrás y cuando ya la Fiscalía había anunciado desde 1999 y reiterado en el 2000, que la acción penal estaba prescrita.

Esta nueva denuncia, llama la atención, pues correspondía a los mismos hechos por los cuales se habían formulado las dos denuncias ya decididas.

La Fiscal de la seccional de Cartagena Ruth Elena Carrascal está en el ojo del huracán

A pesar del tiempo transcurrido que supera ampliamente los 20 años que son el término máximo de prescripción de las acciones penales y diez de las civiles, la Fiscalía 17 de la Seccional Cartagena l ordenó la apertura de la instrucción. Ello ocurrió y existe constancia en el trámite, en el sentido de que los abogados de los denunciantes, que son representados por el exfiscal de Cartagena Oscar Prada Ferrer, ejercieron presiones para que se adoptaran otras decisiones. Justamente, la Fiscal Ruth Elena Carrascal asumió el proceso y nada observó sobre la existencia de decisiones anteriores de homólogos suyos que habían culminado los tramites con decisiones que se encontraban en firme.

A pesar de que la denuncia de los Morales de 1999 había sido cerrada en la misma fiscalía 17 por el Fiscal Paulo Xavier Romero Julio quien profirió resolución de preclusión de investigación, la Fiscal Carrascal continuó el trámite, pero ahora bajo otro número de , radicado, por los mismos hechos. 

Cuando la Fiscal Ruth Elena Carrascal, quien en ese momento no era funcionaria de planta recibió el caso, se aplicó con especial interés al trámite.

Seis años después de haberse iniciado la Instrucción, utilizando no el sistema acusatorio de hoy, sino el sistema antiguo que contenía el código de procedimiento penal de la ley 600 de 2000, la Fiscalia 17 a cargo de la funcionaria Carrascal, en octubre 28 del 2024 reconoció que en efecto la acción penal había prescrito; pero tomó una inesperada ruta para dejar con vida el proceso: decidió  reconocer el restablecimiento civil de los derechos de los denunciantes en cabeza de Decenia Morales a sabiendas de que la acción civil estaba  prescrita de tiempo atrás, hace más de 26 años. Esta decisión, que, desde la vigencia de la nueva ley procesal penal en 2004, solo puede ser adoptada por jueces, la tomó la fiscal directamente, aduciendo que podía hacerlo porque los hechos que originaban la actuación, eran de la década de los años 70.

Para materializar su decisión y sin atender más razones, ordenó con prontitud, el 28 de septiembre, a la Oficina de Instrumentos públicos de Cartagena donde se encuentra la escritura mini del predio, cancelar las anotaciones del Folio de matrícula del predio después de la Número Uno que acreditaban la propiedad de SPEC y con ello despojarlo del terreno donde está construida la Planta regasificadora.

Las decisiones de la Fiscal fueron apeladas por los abogados de SPEC, quienes además solicitaron la nulidad de todo lo actuado, dado que se había iniciado un proceso que ya había sido fallado anteriormente y cuando las acciones civiles y penales se encontraban prescritas. También pidió la nulidad el funcionario delegado por la Procuraduría General de la Nación en el proceso.

La alta dirección de la Fiscalía General de la Nación toma cartas en el asunto 

La seguidilla de irregularidades en los seis años que llevó abierto un proceso en la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena y que se aceleró de manera repentina en pocos meses del año pasado, llevó a SPEC a buscar defender sus derechos y su propiedad. Su equipo jurídico en cabeza del penalista Francisco José Sintura puso al corriente de la situación al Vicefiscal general de la Nación Gilberto Guerrero, mediante un escrito en el que le informaba del despojo arbitrario y cómo no se habían atendido por su subalterna los recursos interpuestos, que no fueron decididos de fondo, sino rechazados con un argumento conforme con el cual el poder exhibido por los abogados carecía de presentación personal, requisito que la ley eliminó desde hace varios años. El alto funcionario actuó con diligencia.

Para comprobar lo que le denunciaban, solicitó informes del estado del proceso a la Dirección seccional en Cartagena y a la Delegada de Seguridad Territorial y una vez revisados expidió una resolución para reasignar el proceso en la seccional Bogotá y que se decidiera por un Fiscal diferente sobre los recursos interpuestos frente a los que la funcionaria Carrascal hizo caso omiso.

El 3 de marzo del 2025 el expediente fue asumido por la Fiscalía 399 Seccional de Bogotá en cabeza de Cesar Augusto Rueda Gómez, pero el trámite solo llegó a sus manos dos meses después de la orden de traslado por parte del vicefiscal Guerrero. Será este funcionario quien deba decidir los recursos interpuestos y las solicitudes de nulidad pendientes. Pero, además, si las acciones penales se encontraban o no prescritas cuando la Fiscal Carrascal decidió cancelar el registro de propiedad del inmueble en cabeza de SPEC, registro que aún no se encuentra en firme pues se encuentra en curso el trámite del recurso de apelación que interpuso SPEC. La decisión del Fiscal Rueda deberá adoptarse prontamente, pues la Fiscalía decidió priorizar este asunto de interés público.

La Fiscal 17 Ruth Elena Carrascal investigada por presunta corrupción judicial

El listado de irregularidades de la Fiscal Carrascal frente al caso, llevó a que la Fiscalía General de la Nación no solo emitiera el pasado 25 de febrero una resolución de reasignación del Expediente, sino además a “ordenar a la Delegada para Seguridad territorial que analice la viabilidad de compulsar copias contra la Fiscalía 17 de la Seccional Bolívar a fin de establecer las posibles irregularidades en la que incurrió”.

Estos mismos hechos irregulares motivaron al equipo jurídico de Spec a denunciar a la funcionaria por presunta corrupción judicial, por los delitos de prevaricato por acción y omisión. El proceso lo lleva María Alejandra Diaz, Fiscal 10 Delgada ante el Tribunal de Cartagena. La Fiscal Ruth Elena Carrascal Carrascal ya fue citada a interrogatorio y deberá dar explicaciones sobre el respaldo legal que tienen sus decisiones y si existen otros intereses extraños a lo puramente jurídico, así como si existieron presiones de los denunciantes y sus abogados sobre el curso del proceso penal.

Este proceso que apenas comienza puede ser clave para develar una presunta corrupción judicial asociada a las mafias de tierreros que operan como mecanismo de despojo de tierras con base a engaños revestidos de legalidad que ha empezado a hacer carrera en el país y muy especialmente en la Costa Atlántica.

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