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El reclutamiento de menores de edad como sicarios no es nuevo en Colombia: se ha convertido en una práctica sistemática de los autores intelectuales del crimen, que encuentran en la infancia vulnerable una herramienta útil y descartable. Quien disparó contra el senador Miguel Uribe, de 39 años, tiene solo 14: la misma edad del asesino de Bernardo Jaramillo, quien hace 35 años segó la vida del entonces líder político, de 35.
Es difícil determinar el orden de los factores. Como bien reflexiona Piedad Bonnett: “Sí, es un niño, pero también un sicario. Aunque podríamos decirlo a la inversa: es un sicario, pero también es un niño…”
Aunque este tipo de “contrato laboral” —matar por encargo— es extremo y criminal, nos recuerda con crudeza una pregunta persistente y dolorosa: ¿por qué tantos niños y adolescentes trabajan en Colombia?
El reciente informe “Análisis del Trabajo Infantil en Colombia” (junio de 2025), del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, ofrece información clave para dimensionar esta problemática, sustentada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Los datos y las observaciones que se exponen a continuación están basados en dicho informe.
¿Cuántos niños trabajan en Colombia?
Las cifras oscilan entre 311.000 y cerca de un millón de menores de edad. En 2024, el trabajo infantil remunerado afectó al 2.9% de los niños entre 5 y 17 años: hablamos de al menos 311.000 menores atrapados en un ciclo de pobreza, informalidad y abandono estatal.
Pero si se amplía la definición para incluir el trabajo doméstico no remunerado —especialmente realizado por niñas—, la tasa sube a un preocupante 9.3%. Dado que uno de cada cinco colombianos está en este rango de edad, estaríamos hablando de alrededor de un millón de menores que trabajan, en alguna modalidad.
Los niños trabajan más en lo remunerado; las niñas, en lo doméstico
Al desagregar por sexo, se observa que los niños y adolescentes hombres tienen una mayor tasa de trabajo remunerado (3.8%), frente al 1.9% de las niñas. Sin embargo, en las tareas domésticas no remuneradas —frecuentemente invisibilizadas—, las niñas están sobrerrepresentadas, lo que refleja una marcada brecha de género.
Esta desigualdad exige una intervención más profunda, que no solo busque erradicar el trabajo infantil, sino que cuestione las expectativas de género aún vigentes en nuestra sociedad.
Más trabajo infantil en el campo
La diferencia entre lo urbano y lo rural es contundente: el 6% de los niños en zonas rurales trabaja, frente al 1.7% en las ciudades. No sorprende: en el campo, la presión económica y la falta de acceso a una educación de calidad obligan a muchos menores a asumir responsabilidades laborales desde muy temprana edad.
Adolescentes que trabajan y no estudian
Los más afectados son los adolescentes entre 15 y 17 años. En 2024, el 8.7% de ellos trabajaba, muchas veces a costa de abandonar el colegio. El informe señala que las presiones sociales y económicas empujan a estos jóvenes a insertarse en el mundo laboral justo cuando deberían estar culminando su formación educativa.
¿Por qué trabajan los niños?
Las razones son diversas, pero tienen un mismo telón de fondo: la pobreza. En 2024, el 40.6% de los adolescentes que trabajaban dijeron hacerlo porque les gusta tener dinero, y un 30.4% por necesidad familiar. Ambas respuestas muestran un sistema que normaliza la precariedad.
Consecuencias: menos educación, más desigualdad
El impacto en la educación es devastador: el 43 % de los menores que trabajan no asistían a la escuela en 2024. El trabajo infantil no solo merma el rendimiento académico, sino que perpetúa el ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo individual, profesional y social.
Diferencias regionales y un llamado urgente
El informe también muestra disparidades territoriales. En ciudades como Pasto y Quibdó —esta última con la mayor tasa de desempleo del país—, el trabajo infantil sigue creciendo. Las soluciones deben ser focalizadas y adaptadas a las realidades de cada región.
La erradicación del trabajo infantil es más que una meta estadística: es una obligación moral. Requiere acción del Estado, la empresa privada, la escuela, la comunidad y cada ciudadano. Nuestra responsabilidad hacia los niños y adolescentes no puede seguir siendo postergada.
La tragedia de que niños sean reclutados para cometer crímenes atroces, como los perpetrados en contra de Miguel Uribe, que se debate entre la vida y la muerte, o de Bernardo Jaramillo, se inscribe en un contexto de pobreza estructural, violencia intrafamiliar e indiferencia social. Nada justifica los crímenes atroces. Urge, sin embargo, mirar más allá del dedo que aprieta el gatillo y preguntarse: ¿Quién está detrás? ¿Quién permite este infierno? ¿Quién se beneficia del silencio?
El trabajo infantil —en todas sus formas— no es solo una herida abierta. Es una responsabilidad colectiva.
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