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En 2002, Colombia aprobó la Ley 789 con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral y fomentar la creación de nuevos empleos. Sin embargo, más de dos décadas después, esta reforma ha sido ampliamente criticada por no cumplir sus promesas. En lugar de generar empleo masivo, la Ley 789 facilitó la precarización laboral al reducir recargos nocturnos, limitar derechos de los trabajadores y promover contratos temporales que desincentivaron la estabilidad laboral.
Según estudios del Banco de la República, la informalidad laboral se mantuvo en niveles cercanos al 60%, y los empleos formales creados no compensaron el deterioro de las condiciones laborales, como la disminución del recargo por trabajo dominical del 100% al 75% y el cambio de la jornada nocturna de las 6:00 p.m. a las 9:00 p.m. Estas medidas, lejos de impulsar la economía, afectaron el poder adquisitivo de los trabajadores y perpetuaron la inestabilidad, especialmente en sectores vulnerables como el agro y los servicios.
La Ley 789, presentada como una solución para el desempleo, no logró reducir significativamente la tasa de desocupación, que en algunos años posteriores superó el 10%. Además, al priorizar la flexibilidad para los empleadores, dejó desprotegidos a millones de trabajadores, limitando su acceso a seguridad social y derechos laborales básicos. Este contexto de precariedad ha sido el principal argumento del gobierno de Gustavo Petro para impulsar una nueva reforma laboral en 2025, diseñada para revertir los retrocesos de 2002 y promover un «trabajo digno y decente» alineado con estándares de la OIT.
Reforma Laboral 2025: Cambios clave aprobados por el Senado
El 17 de junio de 2025, la plenaria del Senado aprobó la reforma laboral en su cuarto debate, un hito que marca un avance significativo hacia la modernización de las relaciones laborales en Colombia. La reforma, que ahora pasa a conciliación con la Cámara de Representantes, introduce cambios estructurales para recuperar derechos perdidos y formalizar sectores vulnerables. A continuación, se destacan los principales cambios aprobados, organizados por temas clave:
1. Recargos nocturnos, dominicales y festivos
Jornada nocturna: Se establece que comienza a las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.), con un recargo del 35% sobre la hora ordinaria, beneficiando a los trabajadores al reconocer el impacto de horarios nocturnos en su vida familiar.
Recargos dominicales y festivos: Se incrementan progresivamente:
2025: 80% sobre el salario ordinario.
2026: 90%.
2027: 100% (revirtiendo la reducción al 75% de la Ley 789).
Día de descanso obligatorio: Se redefine como cualquier día acordado, no solo el domingo, con el mismo recargo del 100% a partir de 2027.
2. Estabilidad laboral y contratos
Contrato indefinido como norma: Los contratos a término indefinido serán la regla general, reduciendo la precarización por contratos temporales.
Contratos a término fijo: No podrán exceder los cinco años, deben especificar su justificación por escrito, y, si no cumplen estos requisitos, se considerarán indefinidos desde el inicio.
Protección contra despidos: Se fortalecen las indemnizaciones por despido sin justa causa, con procedimientos claros para garantizar los derechos de los trabajadores.
3. Formalización de sectores vulnerables
Trabajadores de plataformas digitales: Repartidores y otros trabajadores de plataformas tendrán acceso a seguridad social, descanso y no exclusividad, según su relación laboral (dependiente o independiente).
Madres comunitarias y trabajadores del PAE: Se promueve su formalización con contratos laborales que garanticen derechos plenos.
Transportadores y sector agropecuario: Se establecen medidas para formalizar a trabajadores de carga, pasajeros y campesinos, con acceso a seguridad social.
4. Aprendices del SENA
Contrato de aprendizaje: Los aprendices tendrán:
Fase lectiva: Remuneración del 75% del salario mínimo (antes 50%).
Fase práctica: 100% del salario mínimo.
Afiliación a seguridad social (salud, pensión y ARL).
Contribución empresarial: Las empresas pagarán 1,5 salarios mínimos ($2.135.250 en 2024) al SENA por aprendiz, lo que generó críticas por su impacto en las pymes.
5. Jornada laboral y beneficios adicionales
Jornada máxima: Se ratifica la reducción a 42 horas semanales, sin afectar el salario, según la Ley 2101 de 2021.
Licencia de paternidad: Aumenta a 3 semanas en 2025 y 4 semanas en 2026, remunerada por las EPS.
Día de descanso por uso de bicicleta: Se aprueba un día de descanso remunerado semestral para quienes usen bicicleta para ir al trabajo, promoviendo sostenibilidad.
Crítica al retiro de la bancada del Pacto Histórico
Durante la plenaria del 17 de junio de 2025, la bancada del Pacto Histórico abandonó el recinto minutos antes de la votación de la consulta popular 2.0, propuesta por el Gobierno para reforzar la reforma laboral mediante participación ciudadana. Este retiro, denunciado por congresistas como un intento de romper el quórum, no logró su objetivo, ya que la plenaria continuó y la consulta popular fue rechazada con 54 votos en contra. Este acto ha sido ampliamente criticado como una maniobra política innecesaria que debilitó la legitimidad del gobierno en el proceso legislativo.
La consulta popular, que habría costado aproximadamente 700.000 millones de pesos, según la Registraduría Nacional, buscaba respaldar temas laborales clave, como la jornada nocturna a las 6:00 p.m. y la formalización de sectores vulnerables. Sin embargo, su justificación se desmorona tras la aprobación de la reforma en el Senado, que incorporó la mayoría de los puntos propuestos por el gobierno. La senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, señaló que «el presidente debe dejar su embeleco político de la consulta popular», destacando que el Congreso demostró su capacidad para tramitar una reforma laboral moderna sin necesidad de un mecanismo adicional. La salida de la bancada del Pacto Histórico, en lugar de fortalecer la posición del gobierno, generó percepciones de sabotaje y desdibujó el logro de la aprobación de la reforma.
Impacto y perspectivas
La reforma laboral de 2025 representa un avance significativo para revertir los efectos negativos de la Ley 789 de 2002, que no logró generar empleo ni reducir la informalidad. Al priorizar contratos indefinidos, formalizar sectores vulnerables y recuperar recargos nocturnos y dominicales, la reforma busca dignificar el trabajo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Sin embargo, enfrenta críticas de sectores empresariales, como Fenalco y Acopi, que advierten sobre un posible aumento de costos laborales (hasta 38,3% por empleado formal) y la pérdida de hasta 400.000 empleos, según el Banco de la República.
La conciliación entre Senado y Cámara, que debe concluir antes del 20 de junio de 2025, será crucial para unificar los textos y resolver diferencias, como el costo de los aprendices del SENA y la jornada nocturna. Si se aprueba, la reforma podría marcar un punto de inflexión en la historia laboral colombiana, promoviendo un mercado más equitativo y productivo. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno y el Congreso para equilibrar los intereses de trabajadores y empleadores, evitando los errores de la Ley 789 que prometió crecimiento, pero dejó un legado de precariedad.
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