Las inmobiliarias que se robaron las montañas de Chía están dejando sin agua el municipio

En Chía, inmobiliarias con apoyo local están destruyendo reservas naturales por lucro. La inacción oficial permite un despojo ambiental que ya parece irreversible

Ante la inacción de las autoridades regionales y nacionales, y con abierta complicidad del municipio, inmobiliarias han vuelto de un patrimonio ambiental y paisajístico común un grosero negocio privado.

Es un descaro y una vergüenza la forma en que, en el municipio de Chía, inmobiliarias inescrupulosas se han ido literalmente robando montañas y zonas de reserva completas que eran patrimonio ambiental y paisajístico no solo de los colombianos, sino del mundo.

Y es doblemente lamentable que todo esto haya venido ocurriendo desde hace años no solo ante la inacción de las autoridades regionales y nacionales con facultades para frenar esta depredación, sino ante la apatía y la indolencia de una ciudadanía que literalmente ha permitido que le roben en la cara algo que por derecho le pertenecía como patrimonio común.

El patrón de despojo es sencillo y recurrente: aunque sea atribución de un municipio cambiar el uso de suelo (por lo general a instancias de inmobiliarias), también es su obligación cuidar el medio ambiente, pero por simple lucro y avaricia (ya sea personal, o municipal en forma de predial) casi siempre solo hacen lo primero y casi nunca lo segundo.

Y en el caso particular de Chía (aunque también ocurre en otros municipios circundantes a Bogotá), esto ha abierto la puerta a una depredación desastrosa, que corre el riesgo de ya ser irreversible.

Sorprende además el silencio cómplice con que los grandes medios de comunicación del país se han prestado a este despojo: el criminal ambiental actúa así, en la sombra, en la impunidad del bajo perfil, y es solo hasta que alguien visibiliza sus abusos que, por precaución o incluso temor de ir a la cárcel, frena un poco la destrucción.

Más allá de este pertinente contexto introductorio, los despojos en Chía tienen nombre propio: desarrollos como Encenillos de Sindamanoy, de la constructora Pedro Gómez & Cía., o casas trepadas en plena reserva natural Montaña del Oso, entre otros.

Y para esos pseudoabogados o directivos que siempre alegan tener “todo en regla”, un alegato contundente desbarata todo: más allá de los supuestos derechos adquiridos, el artículo 58 de la Constitución establece claramente que la propiedad privada tiene ante todo una función ecológica, que, si se viola, puede incluso hacerla objeto de expropiación.

Prestigiosos juristas y exmagistrados de las altas cortes así lo han recordado, pero obviamente a estos desarrolladores inmobiliarios inescrupulosos lo que menos les importa es el cuidado del ambiente: simplemente buscan llenarse los bolsillos.

Si una inmobiliaria de verdad quisiera ser ambientalmente sostenible (no simple paja de ecolavado), perfectamente podría decir: “Estos terrenos nos pertenecen, pero por su alto valor ambiental, preferimos dejarlos intactos como zonas de reserva para beneficio de la comunidad”.

De modo que los mejores alegatos jurídicos contra estas inmobiliarias tramposas son sus propias contradicciones, su propia insolvencia moral en materia ambiental.

Además de su valor paisajístico, una montaña sirve más a los habitantes de una región y al planeta si se deja intacta, como fábrica natural de agua que es. Y en un futuro no muy lejano, el propio municipio de Chía será el primero en pagar las graves consecuencias de esta depredación, por la forma que el agua empezará a escasear.

Ante la creciente preocupación sobre este tema, de la que empiezan a hacer eco cada vez más medios, ojalá las autoridades del orden regional y nacional ahora sí ya pongan en cintura y castiguen de manera ejemplarizante a quienes han impulsado o sido cómplices de este descarado despojo, porque es lo único que frena a los criminales ambientales.

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