La batalla por la consulta popular no era jurídica, era política

En medio de la tremenda polarización política ocasionada por las decisiones presidenciales sobre la cancelada consulta popular, poco se anotó que fue el propio Presidente de la República quien envió a la Corte Constitucional el decreto que convocaba la consulta para su estudio.  Como era evidente que esa consulta contradecía las normas constitucionales pues no existía concepto favorable del Senado, lo que se creó fue un desafío político, que se sometió al veredicto de la Corte.  Bien sabe el Presidente que no cuenta con mayorías en el Congreso, que la Corte ha expresado con toda claridad que su función es ser guardiana de la Constitución no del legado histórico del Gobierno, que el Consejo de Estado era el competente para fallar si la decisión del Senado era legal y que la Registraduría es un poder autónomo de la Presidencia. Una derrota anunciada. Entonces, ¿por qué lo hizo?

Lo que estaba haciendo el presidente con gran habilidad política era desafiar al Congreso en una batalla jurídica perdida de antemano

Lo que estaba haciendo el presidente con gran habilidad política era desafiar al Congreso en una batalla jurídica perdida de antemano que le dio enormes réditos políticos porque reafirmó ante sus seguidores que existía un bloqueo institucional a sus iniciativas. Él quedó ante ellos como un mártir y las Cortes hubieran quedado como unas villanas si hubieran determinado que la consulta era inconstitucional. No hubiera habido para el Gobierno un mejor argumento para justificar sus escasos resultados de que trató, pero no pudo, pues fuerzas centenarias y reaccionarias arraigadas en las estructuras de poder se lo impidieron.

Y como este es un país de leyes y de leguleyos, con la reforma laboral que había sido el caballo de batalla o de Troya de este gran desafío político, se armó un galimatías jurídico difícil de entender aun para los abogados más expertos. El gobierno consideraba que el concepto negativo del Senado sobre la consulta popular que iba a preguntarle al pueblo sobre los temas de la reforma laboral no existió por errores de procedimiento, lo cual equivalía a que el Senado no se hubiera pronunciado, caso en el cual la Constitución autorizaba al presidente a convocarla. Pero como el Senado certificó ante las cortes y ante la Registraduría que el concepto si existió y fue desfavorable, la Registraduría quedó con las manos atadas para convocar la consulta sin un fallo del Consejo de Estado, organismo que debía decidir si el concepto del Senado cumplía con los requisitos formales para su validez. Además, la Corte Constitucional, que está facultada para pronunciarse sobre la legalidad de las consultas luego de que estas se hayan realizado, se iba a ver forzada a dar un concepto previo a su realización pues el Gobierno se lo había solicitado.

El Gobierno alegaba la llamada excepción de inconstitucionalidad (que es una forma elegante de decir que si un funcionario recibe para su ejecución una norma claramente violatoria de la Constitución no está obligado a aplicarla), para convocar la consulta sin esperar un pronunciamiento del poder judicial, porque consideraba que la decisión del Senado no existía. Pero la Registraduría utilizó el mismo argumento para inaplicar la solicitud del Gobierno, pues el concepto favorable no existía. En el entretanto en el Congreso continuó y aprobó  la reforma laboral, con los mismos temas de la consulta.  El que entendió que levante la mano.

Era una batalla jurídica perdida para el Gobierno, que de paso se salvó del enorme riesgo de que los resultados de la consulta fueran muy pobres y en vez de impulsar la continuidad del progresismo en el poder lo obstaculizaran. El punto central es que el presidente aceptó las competencias de las Cortes, lo cual se le abona, y acalló las voces de quienes lo calificaban de dictador, para quedar como un demócrata que respeta la separación de poderes, poderes que, sin embargo, le impiden hacer la gran transformación que propuso desde sus comienzos acudiendo al pueblo, que ya no sale a las calles. Ha encontrado el camino, en medio de tantas cortinas de humos jurídicos, de quedar para la historia como el gran revolucionario, que pudo haber sido y no fue, por culpa de su respeto a las instituciones.

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