Gloria Álvarez avaló urbanizar reservas en Chía y Bogotá desde la CAR, trabajó para mineras y hoy vive en el proyecto que ayudó a legalizar
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La reciente publicación de Las2Orillas titulada «Las inmobiliarias que se robaron las montañas de Chía están dejando sin agua al municipio» puso sobre la mesa un tema tan grave como urgente: la destrucción ambiental sistemática de los cerros de Chía por parte de urbanizadores con licencia institucional. Sin embargo, aún no se ha dicho todo.
Entre los responsables silenciosos de ese desastre se encuentra una figura clave: Gloria Lucía Álvarez Pinzón, quien ha desempeñado cargos públicos y privados desde los que permitió la destrucción de reservas forestales en Bogotá y Chía, disfrazando luego su legado bajo el discurso de la defensa ambiental.
¿Quién es Gloria Álvarez Pinzón y qué hizo?
2003–2006: Directora de la CAR Cundinamarca
Durante su paso por la Corporación Autónoma Regional (CAR), Álvarez Pinzón firmó la Resolución 1141 de 2005, que levantó la zona de reserva forestal de los cerros de Bogotá, abriendo paso a proyectos urbanísticos en áreas ambientalmente protegidas.
Ese mismo año, su administración avaló la modificación del uso del suelo en los cerros de Chía, lo que permitió que el proyecto Encenillos de Sindamanoy pasara de tener autorización para 280 viviendas a más de 1.000. Todo esto en plena zona de reserva, y con impactos irreversibles para el ecosistema de la Sabana Norte.
2006–2009: Abogada de AngloGold Ashanti
Tras dejar la CAR, pasó a ser apoderada judicial de la multinacional minera AngloGold Ashanti, representando a esta empresa en procesos para obtener permisos de exploración minera en zonas de reserva forestal. Así lo reveló el diario El Espectador en un artículo de 2012, titulado «¿De la AngloGold Ashanti al Minambiente?».
¿Quién regula y luego defiende a las mineras en zonas protegidas? Gloria Álvarez.
Años posteriores: Ministerio y Fundación Cerros
Posteriormente, ejerció cargos en el Ministerio de Ambiente y más adelante se convirtió en directora de la Fundación Cerros, una ONG que se presenta como defensora del medio ambiente, pero que ha guardado silencio cómplice ante el urbanismo masivo en Encenillos y otros sectores de reserva, pese a haber sido ella misma quien avaló su legalización desde la CAR.
Hoy: Vive en Encenillos de Sindamanoy. Sí, la misma persona que autorizó construir Encenillos desde un cargo público, hoy reside allí. Es decir: transformó una zona de reserva, la legalizó, y ahora la disfruta desde lo privado.
¿Ambientalista o encubridora? Este caso representa un ejemplo claro de puerta giratoria institucional: quien regula, luego defiende privados, luego vuelve como supuesta activista. No hay mayor incoherencia ética que la de presentarse como protectora del medio ambiente mientras se vive, en carne propia, de los beneficios del daño que se ayudó a legalizar.
No podemos seguir permitiendo que discursos «verdes» encubran décadas de decisiones administrativas que privatizaron nuestras montañas, destruyeron nuestras fuentes hídricas y hoy nos dejan sin agua.
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