¿Quién quiere silenciar a Colombia?

En menos de un año, Colombia ha presenciado dos atentados dirigidos contra figuras situadas en los extremos opuestos del espectro político. En julio de 2024, un explosivo fue detonado de forma controlada en Teusaquillo, Bogotá, luego de ser arrojado a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el que se desplazaba el firmante del Acuerdo de Paz, Gabriel Ángel.

Ese ataque no tuvo un despliegue mediático relevante, a nadie le importó, sencillamente, la frialdad de los ciudadanos que piensan en que, un ataque más o un ataque menos de exterminio contra miembros de la extinta farc que cumplen el acuerdo de paz, no revelaba mayores motivos de preocupación, pero los terroristas fallaron, ni estupor social, ni indignación social, ni lograron materializar el intento de homicidio.

En junio de 2025, cómo sabemos, un menor de edad disparó con un arma alterada contra el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. El sicario adolescente no pudo cumplir su encargo, parcialmente. Porque ese ataque sí empieza a revelar algo mucho más preocupante.

A primera vista, se trata de hechos inconexos. Pero una declaración judicial los unió de forma perturbadora. Alias Gabriela, capturada por el atentado contra el senador Miguel Uribe, reveló que la misma estructura criminal fue contratada para ejecutar el ataque al senador y que en su interacción con miembros de la célula delictiva, le pidieron llevar una nueva bomba para atentar contra el firmante de paz, Gabriel Ángel.

A Gabriela, le indicaban, según su propio relato, que ella custodiaría el explosivo que se usaría contra Gabriel Ángel nuevamente y ahí es donde hay que tener en cuenta que, esa labor de transportar y custodiar fue precisamente lo que le permitió a Gabriela, participar en el terrible ataque al senador Uribe, entregado el arma al sicario del atentado.

No se trata de una coincidencia. Según su testimonio, la estructura criminal con la que operaba tenía vínculos con redes de narcotráfico y relaciones estrechas con hombres del fallecido “paisa”, antiguo comandante de la columna Teófilo Forero y posterior integrante de la Segunda Marquetalia, disidencia armada liderada por Iván Márquez.

Recordemos que sobre Iván Márquez después de que abandonara el proceso de paz, supuestamente había muerto en Venezuela a manos de un grupo de operaciones tácticas no estatal, pero el entonces Canciller Álvaro Leyva, el 3 de agosto de 2023, con total claridad desmintió el rumor y anunció que “Iván Márquez está vivo”, y explicó sus razones:

Dijo que “siempre supe que estaba vivo” y recordó que en julio había insinuado lo mismo con la frase: “los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”, citando a José Zorrilla y subrayando que nadie había comprendido su mensaje (fue una alusión muy oportuna).

Pero bueno, no nos distraigamos en ello, lo cierto es que Iván Márquez sigue vivo, y ahora, al parecer sembrando caos y miedo. Así emerge la hipótesis inquietante de los últimos días: una misma organización armada estaría atentando contra dos figuras que encarnan proyectos políticos opuestos, pero que comparten un rasgo común: ambos han sido críticos directos y públicos de la Segunda Marquetalia.

Gabriel Ángel, defensor radical del proceso de paz, ha deslegitimado el rearme de Márquez y su grupo. Miguel Uribe, desde la derecha, ha denunciado los efectos de esa misma disidencia sobre el orden democrático. Si esa estructura decide atacar tanto a sus detractores de izquierda como a sus enemigos de derecha, no busca disputar poder político: busca anular todo espacio de expresión política.

Este tipo de violencia trasciende al terrorismo ideológico. Lo que enfrentamos es una forma de terrorismo funcional, que no busca construir un proyecto revolucionario ni representar a un pueblo insurgente, sino imponer el silencio por la vía del miedo, la muerte y la confusión. Se mata por encargo. Se ataca con fines estratégicos, no con pretensiones utópicas. Se quiere por parte de esos delincuentes, un profundo caos para tener el control de un país narcotraficante, no de uno que se resiste la corrupción y la injusticia, uno que busca un cambio.

Desde el punto de vista jurídico, esto implica una amenaza directa al Estado Social de Derecho. La Corte Constitucional ha sostenido, en sentencias como la C-251 de 2002 y la C-817 de 2011, que el pluralismo político y la libertad de participación constituyen pilares esenciales del orden democrático. Cuando una organización criminal pretende decidir, por la vía de la violencia o el caos, quién puede hablar, opinar o presentarse a elecciones, no estamos ante delitos comunes: estamos ante un ataque al fundamento mismo del régimen constitucional.

Solo hasta el atentado contra un senador de derecha, la Fiscalía activó mecanismos eficaces para investigar, también habría podido hacerlo en caso del atentado contra Gabriel Ángel

Además, la columna vertebral de cualquier democracia es la igualdad en la protección del Estado. Lo que resulta escandaloso es que solo hasta el atentado contra un senador de derecha, la Fiscalía activó mecanismos eficaces para investigar, también habría podido hacerlo en caso del atentado contra Gabriel Ángel, pese a que este último fue ampliamente documentado, confirmado por el alcalde de Bogotá, y objeto de intervención policial especializada. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué no se tomaron medidas cuando el blanco era un firmante del Acuerdo de Paz? ¿Si la fiscalía hubiera actuado habría podido detener a alias el costeño y haber evitado el horrible ataque al senador Uribe? Seguramente por eso fue que se pidió una comisión internacional para investigar lo del senador, ya que el ataque al firmante pasó de agache.

La selectividad institucional, en estos casos, no solo es injusta: es funcional al proyecto de quienes pretenden dividir el país y neutralizar el Estado desde dentro. Cuando el valor de la vida se mide por la filiación ideológica de la víctima, el Estado pierde su legitimidad como garante de derechos.

Ojalá se le informe al país si existe una línea de investigación que vincule a la Segunda Marquetalia con los atentados como indica alias Gabriela.

Lo que aquí se intenta destruir no es a Gabriel Ángel ni a Miguel Uribe: es al centro mismo de la deliberación democrática. Se busca impedir que las diferencias se tramiten en las urnas, en los micrófonos, en el Congreso, en la libre expresión y en la libertad de pensamiento. El atentado ya no es personal. Es institucional.

Cuando las balas apuntan simultáneamente a quienes representan proyectos políticos opuestos, no hay guerra civil: hay guerra contra la civilidad. Por fortuna el Estado a través de la fiscalía, reacciona con contundencia y coherencia, eso podrá evitar que “Colombia, país de escoltas” no se deslice hacia una pendiente en la que la política será un privilegio reservado para quienes logren sobrevivirla.

@HombreJurista