Mediante un fallo de tutela de la Corte Constitucional, el cerebro jurídico de Keralty, Juan David Riveros, logró tumbar la intervención que iba hasta el 2026
Intervenir a la EPS Sanitas fue la primera actuación de Luis Carlos Leal como superintendente de Salud. Lo hizo el 2 de abril del 2024, poco menos de un mes después de posesionarse en el alto cargo, y sirvió como ejemplo de la gran tarea que le puso entonces el presidente: poner a las EPS contra las cuerdas y bien vigiladas.
Un día después, la Super hizo lo propio con la Nueva EPS y meses más tarde le siguió el S.O.S. a la Eps de Confandi en Cali. Sin embargo, ninguna le ha traído tantos dolores de cabeza al Estado colombiano como esta Eps del Grupo Keralty del empresario vasco Joseba Grajales y cuya cabeza en Colombia es desde febrero de este año la ingeniera vallenata Ivonne Orozco.
El gobierno destituyó la junta directiva conformada por un grupo muy representativo de profesionales donde las mujeres marcaban la diferencia frente a otras directivas.
Desde el primer momento, el dueño de Sanitas, el millonario vasco Joseba Grajales, quien está en lista de los 10 más ricos de España, dejó claro que no se iba a quedar quieto y que iba a hacer todo lo posible por ponerle freno a la intervención, la cual a su consideración era injusta y arbitraria. Entonces, puso en marcha una estrategia legal a través del abogado principal de Keralty, Juan David Riveros, para atacar desde todos los frentes, buscando recuperar a su gran gallina de los huevos de oro, con la que facturaba cerca de $ 9 billones al año.
Durante dos años persistió el equipo jurídico de Keralty que fue reforzado por Rincón Castro Abogados y la norteamericana Debevoise & Plimpton mientras el gobierno, hace apenas un par de meses, prorrogó la intervención hasta el 2 de abril del 2026. Sin embargo, la estrategia jurídica funcionó y mediante un fallo a una tutela interpuesta por Juan Pablo Rieda Spanchez, presidente de la EPS Sanitas y todo el grupo Keralty alegando que las decisiones de la Supersalud se habían tomado sin otorgarles garantías procesales adecuadas, la Corte Constitucional tumbó la resolución que dio pie a la intervención.
Razones de la prórroga de la intervención
El nuevo superintendete de salud, Giovanny Rubiano quien reemplazó a Leal, no dudó en ampliar el plazo de intervención de la EPS Sanitas cumplido el primer año. Aseguraba que en la entidad todavía persisten los problemas financieros y de atención a los usuarios –recientemente se conoció que le deben $ 523 mil millones– por lo que deben seguir teniendo el control de la salud de 5,7 millones de colombianos.
Actualmente y desde noviembre pasado, el agente interventor de Sanitas es el especialista en finanzas y gerencia de servicios de salud, Kemer Ramírez Cárdenas, uno de los varios funcionarios cercanos al ministro Guillermo Jaramillo que tienen poder en el sector de la salud. Ambos coincidieron durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá cuando Ramírez fue gerente del Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E., el cual es administrado por el Distrito.
El triunfo jurídico de los abogados del español Joseba no detendrá la millonaria demanda interpuesta por Keralty en contra del Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Los españoles pretenden sacarle al Estado colombiano USD 1.200 millones, es decir, cerca de $ 5 billones, en un proceso en el que son representados por las firmas Rincón Castro y Debevoise & Plimpton, los mismos que han acompañado a la multinacional de la salud durante el tormentoso año para ellos.
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